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El Ministerio de Justicia entregó este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el expediente relacionado con la solicitud de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, a petición del juez Santiago Pedraz, que investiga el conocido como caso Leire.
Según informaron fuentes del Gobierno a EFE, agentes de la UCO acudieron a la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para cumplir con el requerimiento judicial efectuado el día anterior. La documentación forma parte de las diligencias abiertas en torno a una presunta trama que habría intentado influir en procedimientos judiciales y administrativos.
El expediente solicitado por el juez
El magistrado de la Audiencia Nacional ordenó a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil informar sobre “el estado actual de la solicitud de nacionalidad española” de Nervis Villalobos, “así como el expediente completo tramitado al efecto”, además de identificar a los funcionarios encargados de su gestión.
La Subdirección hizo entrega del expediente requerido, en el que consta que una solicitud presentada el 25 de abril de 2024 fue denegada el 10 de octubre de 2025. Además, aunque no habían sido solicitados expresamente por el juez, el organismo remitió voluntariamente otros dos expedientes relacionados con Villalobos al considerar que podían resultar de interés para la investigación.
Uno corresponde a una solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017 y denegada el 17 de julio de 2020. El otro se refiere a una solicitud de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre de ese mismo año.
Cómo se tramitó la nacionalidad de Nervis Villalobos
El Ministerio de Justicia explicó que los procedimientos de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y que se basan exclusivamente en la comprobación de los requisitos legales establecidos.
Según detalló, las dos solicitudes de nacionalidad por residencia fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos por la ley. En cambio, la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática fue concedida tras un recurso presentado por el interesado y resuelto conforme a la instrucción de 25 de octubre de 2022.
La resolución favorable fue examinada por cuatro funcionarios y contó con un dictamen de una consejera, el visto bueno de un jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.
Justicia señaló además que este tipo de recursos son habituales. Durante 2025 se tramitaron 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática: 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer las actuaciones.
“Ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública”, subrayaron las mismas fuentes.
La conexión con la investigación del caso Leire
Dentro de las diligencias, el juez también solicitó “documentación adicional referida a este expediente que haya sido utilizada durante el proceso de tramitación y que haya sido recabada” de la Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior u otros organismos, incluido el CNI, “a los efectos oportunos”.
Asimismo, reclamó la “relación del total de accesos través de la plataforma digital habilitada para consulta y tramitación del citado expediente”, identificando a todas las personas que accedieron al mismo.
Pedraz ordenó que esta “diligencia de descarga y acopio” de información se realizara “en presencia de los agentes designados por la unidad actuante (UCO) a fin de que puedan estar presentes durante su práctica y examinar in situ el sistema de registro y acceso a dicha plataforma y solicitar cuantas aclaraciones estimen oportunas”.
Estas actuaciones se enmarcan en la investigación sobre una presunta trama supuestamente financiada “con cargo a fondos” del PSOE para “obstaculizar” causas que afectasen al partido o al Gobierno y que, según la investigación, habría sido liderada por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
El juez considera que Díez intentó conseguir una reunión con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, “o alguien de su confianza”, a petición del abogado Ismael Oliver, quien le habría solicitado tramitar la nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
En las libretas de la exmilitante incorporadas al sumario aparecen diversas referencias al nombre de Villalobos y anotaciones relacionadas con la “nacionalidad”.
El Gobierno insiste en que Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus “andanzas”
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió en que Pedro Sánchez nunca mantuvo reuniones con Leire Díez. “El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de (Leire) Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado”, afirmó tras la reunión del Consejo de Ministros. Saiz añadió además: “Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez”.
La portavoz defendió la actuación del Ejecutivo y aseguró que “Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia”.
