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El exministro José Luis Ábalos ha pedido al Congreso que reconsidere su suspensión como diputado. La solicitud fue dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados. El pedido se produce mientras permanece en prisión provisional.
Ábalos se encuentra ingresado en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Su suspensión fue aprobada el pasado 10 de diciembre. La medida afectó a todos sus derechos y deberes parlamentarios.
El ex secretario de Organización del PSOE sostiene que la decisión fue adoptada de manera anticipada. Considera que se tomó antes de resolverse su situación judicial inmediata.
Ábalos reclama volver al Congreso mientras espera al Supremo
Ábalos afirma que la suspensión es una decisión “precipitada, indebida y arriesgada”. Así lo sostiene mientras no se resuelva el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Supremo. Dicho recurso fue interpuesto el 4 de diciembre.
El escrito está fechado el 31 de diciembre. Fue dirigido formalmente a la Mesa del Congreso. En él solicita ser restituido “al menos” hasta la vista fijada para el 15 de enero.
Esa fecha fue establecida por la sala segunda del Supremo. Allí se estudiará el recurso contra el auto de prisión del 27 de noviembre. Hasta entonces, pide mantener sus derechos parlamentarios.
La suspensión como diputado y los argumentos de vulneración democrática
En su escrito, Ábalos sostiene que la medida “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho”. También menciona el respeto a los procedimientos y la separación de poderes. A su juicio, la decisión no respeta la igualdad de trato.
Añade que la suspensión “daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa”. Considera que la decisión afecta al funcionamiento normal de la Cámara.
Estos argumentos fueron difundidos públicamente por el propio Ábalos. Los publicó a través de su cuenta de X. Allí compartió íntegramente el escrito remitido al Congreso.
Qué implica la suspensión aprobada por la Mesa del Congreso
La Mesa del Congreso aprobó la suspensión el 10 de diciembre. La decisión se tomó tras confirmarse su procesamiento por parte del Tribunal Supremo. Entre los delitos figuran organización criminal, cohecho y malversación.
La medida se aplicó conforme al artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. Esta norma permite suspender derechos parlamentarios en determinados supuestos. Su aplicación fue automática tras la decisión judicial.
La suspensión implica la pérdida del derecho al voto. También supone la retirada de la remuneración económica. Además, incluye la baja en la cobertura de protección social, entre otros efectos.
