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La pelea política traspasa las puertas del Congreso y alcanza los medios de comunicación, cada vez más alineados con uno u otro partido. Y Pedro Sánchez lo sabe muy bien, tanto que él mismo, acuciado como está por escándalos judiciales en su entorno político y familiar más cercano, como por las concesiones que un día sí y otro también otorga a las fuerzas independentistas catalanas, busca reforzar el abanico de medios afines a su gestión.
Los cambios en Telefónica anunciados ayer, y promovidos por su presidente Marc Murtra, hombre cercano al Partido Socialista, permiten una lectura en clave política, sobre todo los producidos en Movistar+. Pero para entender este entramado debemos antes acudir a la historia.
El plan original del Gobierno era adjudicar una licencia de televisión digital terrestre (TDT) al Grupo Prisa, editor del periódico El País y propietario de la emisora de radio Cadena Ser, ambas cabeceras alineadas con los intereses del Ejecutivo. Pero Sánchez no contó con la fuerte oposición - que terminó tumbando el proyecto - del presidente de Prisa, el franco-armenio Joseph Oughourlian, quien dirige el fondo de inversión Amber Capital, dueño del 29,5% del grupo de comunicación.
Oughourlian, que en su relación con Sánchez tuvo momentos de buena sintonía, se plantó ante el proyecto impulsado por el grupo de accionistas oficialistas liderado por el director de contenidos de Prisa, José Miguel Contreras, acompañado por el presidente del área de medios de comunicación, Carlos Núñez.
Tras una cruenta guerra entre los dos grupos de accionistas - los cercanos al Gobierno controlan el 17% de las acciones -, Oughourlian ganó el pulso y, además de tumbar definitivamente el proyecto por considerarlo inviable económicamente, despidió a Contreras y Núñez. Así, TelePedro, como se llama sarcásticamente a la próxima TDT, perdió sus dos principales cabezas.
En efecto, las razones del hombre fuerte de Prisa no son tanto de proximidad o lejanía con el Gobierno, sino que obedecen a cuestiones que tienen que ver con el futuro financiero de la compañía de medios. En este sentido, hay que apuntar el fuerte endeudamiento del Grupo, que a setiembre de 2024 alcanzó los 717 millones de euros, esto es cuatro veces sobre el Ebitda, una relación que pone en entredicho la capacidad de la empresa de responder a los acreedores.
También es cierto que con Sánchez nada se puede dar por perdido. Político de una enorme habilidad para construir poder, fue tejiendo su red de seguridad a través del dinero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En una jugada muy criticada en su momento, el Estado regresó al accionariado de Telefónica y se hizo con el 10% de la propiedad del grupo de telecomunicaciones, porcentaje que lo convierte en el principal accionista de la operadora, con la capacidad de influencia en las decisiones que acarrea.
Así las cosas, en un golpe de mano tan rápido como eficaz, José María Álvarez-Pallete es fulminado de la presidencia de Telefónica y llega en su lugar un ejecutivo muy cercano a la Moncloa, Marc Murtra, hasta ese momento presidente de Indra. Murtra, empresario de probados éxitos, apenas llegado al despacho principal se arremanga la camisa y comienza a llevar a cabo los cambios que él considera indispensables para recuperar la rentabilidad. Así es cómo se desprende de Telefónica de Argentina, verdadero lastre para el Grupo, y renueva la cúpula de Telefónica, que incluye Movistar+
Javier de Paz: el hombre clave
Si bien es cierto que los nuevos nombramientos cuentan con la simpatía de los socialistas, hay uno que cobra especial relevancia en lo que hace a la nueva televisión deseada por Sánchez. Se trata de Javier de Paz, nuevo presidente de Movistar+, y señalado como el encargado de hacer realidad el sueño presidencial.
De Paz, consejero de Telefónica desde 2017, es un hombre de partido. Este ex secretario general de las Juventudes Socialistas, actuó como enlace oficioso de la teleco con el Gobierno de su íntimo amigo, José Luís Rodríguez Zapatero, rol que continuó ejerciendo con la Administración Sánchez.
El presupuesto que manejó Prisa para la nueva TDT, que se llamaría La Séptima, rondó entre los 25 y 30 millones de euros que, con el impulso de Telefónica podría ser aún mayor.
Lo cierto es que el Ministerio de Transformación Digital prevé lanzar el concurso para el próximo verano, proceso que culminará con la concesión final en el último trimestre de 2025.
También lo es que con Pedro Sánchez nunca hay que dar nada por cerrado. El socialista estaría intentando aglutinar a accionistas de Prisa díscolos con Oughourlian para alcanzar el 51% del capital de empresa de medios, y destituir así al franco-armenio.
En los papeles esta jugada no cuenta con demasiadas posibilidades de triunfar. Pero, ¿alguien se anima a dar la última palabra?
