Glovo ha comunicado un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 750 repartidores en 60 ciudades españolas. La decisión llega en un momento de fuerte tensión en el sector del reparto a domicilio y vuelve a situar a la empresa en el centro del debate laboral en España. El anuncio se produce menos de un año después de que la compañía culminara su transición de un modelo basado en autónomos a uno completamente asalariado. Este cambio llegó tras años de conflicto judicial y presión regulatoria sobre el funcionamiento de las plataformas digitales. La transformación no fue voluntaria ni por convicción empresarial. Según el contexto legal del sector, respondió a la presión acumulada del Gobierno, los tribunales y la amenaza penal a los directivos de la empresa. La ley rider, aprobada en 2021, y las modificaciones del Código Penal en 2023 obligaron a la empresa a reconocer la relación laboral con sus repartidores. Durante años, el modelo de falsos autónomos permitió operar con menores costes sociales y sin asumir determinados derechos laborales. El cambio hacia un sistema de trabajadores asalariados transformó el funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, el ERE de Glovo vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre rentabilidad empresarial y protección de los trabajadores. Desde el punto de vista sindical, el ajuste se interpreta como la culminación de un patrón de despidos encubiertos y prácticas antisindicales que llevan tiempo denunciándose dentro del sector del reparto. Más allá de los repartidores contratados directamente, Glovo también opera mediante subcontratas. Según CC OO, este modelo implica una cesión ilegal de trabajadores y podría intensificarse tras los despidos anunciados por la empresa. Si se considera que la plantilla total, incluyendo subcontratas, ronda los 21.000 repartidores, el impacto del ERE adquiere una dimensión mayor. Esta estructura laboral refleja la vulnerabilidad de un sector caracterizado por la flexibilidad, pero también por la precariedad. El caso recuerda la complejidad de la transición hacia modelos laborales salariales dentro de la economía de plataformas. La presión legal puede forzar cambios, pero también puede derivar en recortes de empleo cuando las empresas buscan reducir costes y reorganizar operaciones. El anuncio del ERE provocó una reacción inmediata desde el Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, calificó la decisión empresarial con términos muy duros. Durante una entrevista televisiva aseguró que la decisión es “impresentable” y lanzó un mensaje directo a la compañía. Según explicó, “este chantaje de que como los tuve que laboralizar, los tengo que despedir, es impresentable en una democracia, en una gran multinacional”. La ministra también subrayó que el Ejecutivo actuará ante esta situación. “Si cree Glovo que nos va a chantajear al Ministerio de Trabajo, el mensaje es clarísimo”, afirmó, antes de advertir que el Gobierno tomará “todas las medidas” y va a “actuar con claridad”. El caso del ERE de Glovo refleja los desafíos que enfrenta el modelo de plataformas digitales en España. La regulación laboral busca garantizar derechos para los repartidores, pero también plantea tensiones con el modelo de negocio de estas empresas. La ley rider establece un marco de protección para los trabajadores, aunque su aplicación efectiva depende de la vigilancia del Estado y de la capacidad de los sindicatos para denunciar posibles irregularidades. En este contexto, la intervención de la Audiencia Nacional y de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si los despidos cumplen con la legalidad o si podrían ser revisados.