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Uno de los aspectos que más dudas genera entre los inquilinos es el pago anticipado del alquiler. Aunque no es la práctica habitual, algunos propietarios solicitan el abono de varias mensualidades por adelantado como garantía frente a posibles impagos.
Al iniciar un nuevo contrato de alquiler, el arrendatario debe afrontar varios pagos iniciales antes de recibir las llaves, que pueden incluir la renta del primer mes, la fianza legal y, en su caso, garantías adicionales.
Alquiler por anticipado en 2026: cuántos meses puede exigirte el propietario según la ley
La fianza del alquiler está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En los arrendamientos de vivienda habitual, la ley establece la obligación de entregar una mensualidad de renta como fianza al inicio del contrato.
La fianza debe ser depositada por el propietario en el organismo competente de cada comunidad autónoma, tal como exige la LAU. Se trata de una obligación legal, no de una opción voluntaria.
Además de la fianza obligatoria, el propietario puede exigir garantías adicionales (como aval bancario o seguro de impago). No obstante, tras las reformas introducidas en 2019, la LAU establece que, en los contratos de vivienda habitual, el importe de las garantías adicionales no puede superar dos mensualidades de renta.
En cuanto al pago anticipado de la renta, la LAU establece que el alquiler debe abonarse de forma mensual, salvo que las partes pacten otra cosa. Sin embargo, el propietario no puede exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta, según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley.
En la práctica, algunos propietarios intentan reforzar la seguridad frente a posibles impagos solicitando garantías adicionales, especialmente cuando existen dudas sobre la solvencia del inquilino.
No obstante, estas exigencias deben ajustarse a los límites establecidos por la LAU, que restringe tanto las garantías adicionales como el pago anticipado de renta.
Aunque existe margen de negociación entre arrendador e inquilino, cualquier pacto debe respetar los límites imperativos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ello, es fundamental revisar detenidamente el contrato antes de firmarlo y comprobar que las condiciones sobre fianza, garantías adicionales y pago anticipado se ajustan a la normativa vigente en 2026.