Murió la Ley de Alquileres: la polémica estrategia de la oposición para frenar la subida del alquiler

El Partido Popular ha instado al Gobierno a facilitar el acceso a la vivienda mediante la liberación de suelo público para la construcción de inmuebles asequibles y la puesta en alquiler de las propiedades gestionadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), actualmente ocupadas ilegalmente.

La vicesecretaria nacional de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha destacado esta postura durante un encuentro en Murcia con asociaciones y colegios profesionales del sector inmobiliario, donde expuso las propuestas de su partido en materia de vivienda. Martín subrayó que el Ejecutivo central es el principal tenedor de suelo y vivienda del país, y lo acusó de no actuar con la rapidez necesaria para paliar la crisis habitacional.

"El Gobierno debe liberar suelo público para que los constructores puedan desarrollar vivienda asequible y, al mismo tiempo, debe expulsar a los okupas de las propiedades de la Sareb para ponerlas en el mercado de alquiler", declaró Martín. Además, resaltó que en los ayuntamientos y comunidades autónomas gobernados por el PP ya se ha adquirido el compromiso de ceder suelo para la construcción de viviendas accesibles.

La dirigente popular también cargó contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus recientes declaraciones sobre la inversión de la tendencia en la creación de hogares. "Celebrar que se construyen más viviendas que hogares es un insulto a la inteligencia cuando la realidad es que los jóvenes no pueden emanciparse porque no hay suficientes viviendas a precios razonables", criticó.

Martín también se refirió a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, asegurando que ha generado "desconfianza" entre los propietarios, lo que a su juicio está desincentivando la oferta de alquiler ante el temor a no poder recuperar sus inmuebles.

Paralelamente, el Senado aprobó esta semana una nueva ley de desarrollo urbano impulsada por el PP, que pretende agilizar la concesión de licencias de construcción mediante mecanismos como el silencio positivo, con el objetivo de acelerar los desarrollos urbanísticos y aumentar la disponibilidad de vivienda.