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A partir de agosto, Airbnb comenzará a retirar de su plataforma todos los anuncios de viviendas turísticas que no cuenten con el número de registro legal exigido por la normativa española.
La medida responde a un acuerdo alcanzado entre la compañía y el Ministerio de Vivienda, en el marco de una estrategia más amplia para frenar el alquiler vacacional irregular.
Los anfitriones que no incorporen esta información en sus anuncios recibirán una notificación y contarán con un plazo de 10 días hábiles para corregir las irregularidades.
En los casos en que el número haya sido revocado por las autoridades, la retirada del anuncio se hará efectiva en un máximo de 48 horas tras el aviso oficial.
¿Cómo funcionará el sistema de control y qué pasará con los anfitriones?
Airbnb ya ha activado un sistema en su plataforma que exige a los anfitriones incluir un número de registro válido, preferentemente el del nuevo Registro Nacional de Alquileres Turísticos.
En breve, este campo único se dividirá en dos: uno para el número nacional y otro para el autonómico. El objetivo es asegurar que la oferta publicada cumple con la legislación vigente en todas las comunidades autónomas.
Además, la empresa enviará mensualmente al Ministerio de Vivienda la información sobre los anuncios activos, permitiendo así un seguimiento directo por parte del Gobierno.
Según explicó Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb en España, este paso "refuerza la transparencia y la colaboración con las administraciones públicas", y consolida el papel de España como pionera en regulación digital del alquiler turístico.
La utilización del sistema es obligatoria desde el 1 de julio, aunque estuvo disponible de manera anticipada desde principios de año.
La medida se enmarca en el funcionamiento de la ventanilla única digital, una herramienta oficial que permite registrar propiedades destinadas al alquiler vacacional o de temporada.
¿Qué motivó el endurecimiento de las medidas contra Airbnb?
El acuerdo entre el Gobierno y Airbnb llega tras una larga serie de desencuentros y fallos judiciales en contra de la plataforma.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de bloquear más de 65.900 anuncios que incumplían la normativa vigente.
Según el fallo, muchos de esos anuncios carecían del número de licencia obligatorio o presentaban datos falsos. Además, no especificaban si los arrendadores actuaban como particulares o empresas, lo que, según el Ministerio, inducía a error a los consumidores.
La sentencia obligó a Airbnb a adoptar medidas más estrictas, que ahora se materializan con esta depuración de su catálogo.
La compañía no fue la única afectada. Booking también recibió un requerimiento por parte de Consumo para eliminar más de 4000 anuncios irregulares.
En este caso, la empresa cooperó desde el primer momento, lo que fue valorado positivamente por el Ejecutivo. Todo esto evidencia un giro en la política del Gobierno, que busca reforzar el control sobre un fenómeno que ha impactado de lleno en el mercado de la vivienda, especialmente en ciudades turísticas y capitales de provincia.
