Encontrar una vivienda de alquiler se ha transformado en una tarea compleja en gran parte del territorio nacional. Los precios continúan aumentando de manera sostenida y la oferta disponible no logra satisfacer una demanda en constante crecimiento. A este panorama se suma la prohibición de desahucios, prorrogada hasta 2026, que reconfigura el mercado. La medida impacta de manera directa en propietarios e inquilinos. Numerosos propietarios optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. Paralelamente, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye una protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, de acuerdo con los decretos aprobados. Las políticas relacionadas con la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional se implementan para proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad. Estas abarcan tanto los casos de impago de la renta como aquellos que están amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta medida influye en las decisiones que toman los propietarios. El Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, que fue aprobado en el contexto de la pandemia, dio inicio a estas políticas. Desde su implementación, el Gobierno ha optado por renovarlas anualmente, en respuesta a la continua crisis social y económica que afecta al país. La más reciente prórroga fue ratificada en el Consejo de Ministros de 2025. Este decreto extiende la prohibición de desahucios durante todo el año 2026, a la espera de la aprobación del Congreso, lo que genera una prolongada incertidumbre en el mercado del alquiler. El acuerdo político establece la prohibición de cortes de suministros básicos. Esta medida resguarda a los hogares vulnerables de la interrupción del suministro de luz, agua y gas durante todo el año 2026. EH Bildu enfatizó que “el mantenimiento de estas medidas sociales de gran relevancia es resultado de un trabajo discreto y constante”. El grupo subrayó que la protección continúa siendo esencial en el actual contexto económico y social. Asimismo, se prorroga el bono social eléctrico. Estas disposiciones estaban programadas para expirar el 31 de diciembre, sin embargo, el pacto alcanzado permite su extensión por un período mínimo de un año adicional. La prohibición de desahucios se orienta a familias en situación de vulnerabilidad que carecen de una alternativa habitacional válida. Esta medida abarca hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género. La protección también se extiende a aquellos que habitan en una vivienda sin título legal. En tales circunstancias, es necesario que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad económica y social establecidos en la normativa vigente. Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Familias con una sola renta, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros. Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras largos litigios deciden retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan alquiler. Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios bajaron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler. La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. Este mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga. EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales. Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.