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Un reciente cambio normativo en la Unión Europea modificó el esquema de transferencias bancarias y puso fin a la gratuidad automática de muchas operaciones en euros y dólares.
A partir de ahora, los usuarios deberán prestar mayor atención a los importes transferidos, ya que superar determinados umbrales implicará costos y obligaciones fiscales adicionales.
La medida ya comenzó a aplicarse en España, donde las entidades bancarias establecieron un precio medio para las transferencias y reforzaron los controles sobre los movimientos de dinero, tanto dentro como fuera del país.
El objetivo oficial apunta a mejorar la seguridad y garantizar mayor transparencia en el sistema financiero.
En términos concretos, el costo medio de una transferencia bancaria se fijó en 2,95 euros, lo que representa un aumento del 134% respecto de los valores anteriores.
Si bien muchos clientes continuarán sin pagar comisiones gracias a cuentas bonificadas, el nuevo escenario marca un cambio de reglas que impacta en millones de operaciones cotidianas.
¿Desde qué monto dejan de ser gratuitas las transferencias y cuándo deben declararse?
La normativa vigente establece que las transferencias internacionales que superen los 10.000 euros deberán ser declaradas ante la Agencia Tributaria.
Esta obligación rige tanto para el envío como para la recepción de dinero y alcanza a operaciones realizadas en euros o en monedas extranjeras, como el dólar.
Además, los bancos están obligados a informar de manera automática todas las operaciones que superen los 3000 euros o aquellas en las que se utilicen billetes de 500 euros. E
ste control no implica necesariamente una sanción, pero sí habilita a Hacienda a solicitar información adicional sobre el origen y el destino de los fondos.
Aunque no existe un límite máximo legal para transferir dinero al extranjero, las entidades financieras pueden exigir documentación complementaria cuando el importe resulte elevado o la operación presente características inusuales. En estos casos, la falta de justificación puede derivar en bloqueos preventivos o investigaciones fiscales.
¿Qué consecuencias puede tener no cumplir con la normativa de Hacienda?
El incumplimiento de las obligaciones de declaración puede acarrear sanciones económicas relevantes. Según la Agencia Tributaria, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y las multas pueden llegar hasta el 150% del importe no declarado si se detectan irregularidades.
Hacienda analiza especialmente los casos en los que no se logra justificar el origen del dinero o cuando se intenta fraccionar transferencias para evitar los controles. Estas prácticas suelen considerarse agravantes y elevan el nivel de la sanción.
El control también alcanza a las plataformas digitales como Bizum. Si bien su uso cotidiano no genera inconvenientes, las operaciones que acumulen montos elevados o superen los límites establecidos deberán ser declaradas y respaldadas con la documentación correspondiente.
De este modo, el nuevo marco refuerza la vigilancia sobre todas las vías de movimiento de dinero, incluso las más habituales.
