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El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones reaparece cada año, pero nunca había sonado tan urgente. La Comisión Europea acaba de publicar sus proyecciones actualizadas y sitúa en 2050 la fecha en la que el Estado español agotaría su margen presupuestario si no introduce reformas drásticas.
El informe de Bruselas no solo recalca el envejecimiento acelerado de la población; también denuncia que uno de cada cuatro euros de pensiones ya se paga con impuestos y deuda, y que, de seguir así, el sistema tendrá que destinar más del 40% de toda la recaudación fiscal a jubilaciones entre 2022 y 2050, el mayor porcentaje de la UE.
El gasto que se dispara: del 13% al 17,3% del PIB
En 2022 España dedicó un 13,1 % del PIB a pensiones públicas; la Comisión Europea calcula que la proporción subirá de forma casi lineal hasta alcanzar el 17,3% en 2050, coincidiendo con la jubilación completa de la generación del baby boom. Ese salto supone añadir al presupuesto de la Seguridad Social más de 60.000 millones de euros anuales a precios actuales.
El desajuste se agrava por la nueva indexación de las prestaciones al IPC, la derogación del factor de sostenibilidad y la base máxima de cotización todavía por debajo del tope de pensión, medidas que, según el Ageing Report 2024, añaden 3,4 puntos de PIB al gasto previsto para mitad de siglo.
Más jubilados, menos cotizantes: el nudo demográfico
Bruselas proyecta que en 2050 habrá seis millones más de pensionistas, un aumento del 60%, mientras el número de ocupados permanecerá en torno a los 21 millones, el nivel actual. El resultado es una ratio inferior a 1,4 cotizantes por jubilado, muy por debajo del umbral considerado sostenible.
A la presión demográfica se suma la caída de la población activa: Eurostat calcula que España perderá 2,6 millones de trabajadores de aquí a 2050 por baja natalidad y salidas al extranjero, lo que reducirá aún más la masa salarial que alimenta las cotizaciones.
¿Qué propone Bruselas para evitar el colapso?
La Comisión plantea un menú de medidas "imprescindibles" si se quiere seguir pagando a los jubilados: aumentar la edad efectiva de retiro, ampliar la base de cotización con más empleo femenino y migración cualificada, y revisar los tipos reducidos de IVA para elevar ingresos sin frenar la economía.
La AIReF coincide en el diagnóstico y añade que, incluso con las reformas de 2021 y 2023, el sistema necesitará transferencias estatales crecientes durante las próximas tres décadas. Si no se actúa, la autoridad fiscal prevé que el déficit contributivo supere los 80.000 millones de euros en 2050, presionando la deuda pública muy por encima del 120% del PIB.
