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La Agencia Tributaria desempeña un papel fundamental en la economía de cualquier nación, no solo por su responsabilidad en asegurar que individuos y entidades cumplan con sus deberes fiscales, sino también por su función en la adecuada redistribución de los recursos que financian servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.
En este marco, la digitalización de los pagos y la globalización económica han introducido nuevos desafíos, tales como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que requieren un control más eficiente.
Cómo impactará el nuevo real decreto en tus finanzas
Desde el 2026, la medida tiene como objetivo controlar las grandes transacciones electrónicas, evitando prácticas como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Además, las entidades financieras deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el monto.
El real decreto busca modernizar y fortalecer el control fiscal en un momento en que la digitalización de los pagos y la globalización económica plantean nuevos retos. A partir de 2025, las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago deberán presentar un informe anual detallado sobre los movimientos de sus clientes.
Este informe incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.
Hacienda ya controla desde 2026 los cobros con tarjeta y pagos móviles
Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, que reforzó las obligaciones de información de bancos, entidades financieras y proveedores de servicios de pago ante la Agencia Tributaria.
Uno de los cambios más relevantes afecta a los cobros realizados por empresarios y autónomos mediante tarjetas y sistemas de pago asociados al teléfono móvil, como Bizum. Estas operaciones deben ser comunicadas con mayor frecuencia a Hacienda, dentro del nuevo marco de control fiscal sobre los pagos electrónicos.
Además, la normativa creó una declaración anual específica sobre tarjetas. En este caso, la obligación afecta a las tarjetas cuyos cargos y abonos superen los 25.000 euros anuales. La primera declaración correspondiente a este nuevo sistema se presentará en enero de 2027 y recogerá las operaciones realizadas durante todo 2026.
