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El posible regreso de Juan Carlos I a España vuelve al centro del debate político e institucional. La Casa del Rey no pone obstáculos a su vuelta desde Abu Dabi, donde reside desde 2020, pero sí establece una exigencia clara: recuperar la residencia fiscal en España si decide instalarse de nuevo en el país.

Fuentes de Zarzuela advierten que, “para salvaguardar la imagen de la Corona como institución”, el rey emérito debería tributar en España antes de fijar su residencia permanente. La precisión llega en un momento en el que la desclasificación de los papeles del 23F ha reactivado el debate sobre su figura y su eventual retorno.

El debate sobre el regreso del emérito se reactivó tras la desclasificación de los documentos del 23F y las reacciones políticas posteriores.

La condición que fija Zarzuela para el regreso de Juan Carlos I

La Casa del Rey sostiene que la decisión de volver corresponde exclusivamente al propio rey emérito, pero subraya que cualquier paso debe proteger la reputación de la institución. Según las mismas fuentes, si don Juan Carlos opta por regresar, “para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas” debería cambiar previamente su situación fiscal.

El mensaje es directo. No se trata de una objeción política ni de un veto formal, sino de una advertencia institucional. Recuperar la residencia fiscal en España implicaría tributar en el país y despejar dudas en un terreno especialmente sensible tras los episodios fiscales que marcaron su salida en agosto de 2020.

En marzo de ese año, Felipe VI decidió retirarle la asignación anual que percibía como miembro de la familia real, cercana a los 200.000 euros, y anunció además que renunciaba a cualquier herencia que pudiera corresponderle. Desde entonces, la figura del anterior monarca ha permanecido bajo escrutinio público.

El debate político tras la desclasificación del 23F

La reciente desclasificación de los documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha vuelto a situar el foco en el papel de Juan Carlos I. El contenido confirma su intervención decisiva para frenar la asonada, un hecho que ha sido reivindicado por distintos sectores.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó en redes sociales su deseo de que el monarca regresara a España y señaló que la desclasificación “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. El mensaje fue anticipado a Zarzuela y abrió un nuevo frente de discusión pública.

Sin embargo, los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierda recordaron que su salida hacia Emiratos Árabes Unidos no estuvo relacionada con dudas sobre su papel en el 23F, sino con sus problemas fiscales, que dieron lugar a diligencias judiciales posteriormente archivadas.

El debate, por tanto, no gira solo en torno a su legado histórico, sino a la coherencia institucional que exigiría un eventual regreso bajo determinadas condiciones fiscales.

Las visitas a España y la situación actual del rey emérito

Desde que se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, Juan Carlos I ha regresado en varias ocasiones a España, sobre todo para participar en regatas en Sanxenxo, en Pontevedra, donde se aloja en casa de su amigo Pedro Campos.

En ningún caso ha vuelto a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela. Incluso cuando asistió al funeral de su sobrino Juan Gómez-Acebo en septiembre de 2024, se alojó en un hotel del centro de Madrid.

Estos gestos no son menores. Reflejan una separación práctica entre la residencia oficial y su situación personal actual. La exigencia de recuperar la residencia fiscal en España si decide volver de forma estable encaja en esa línea de delimitación institucional.

Zarzuela insiste en que cualquier decisión sobre el regreso del rey emérito debe garantizar la salvaguarda de la imagen de la Corona.Paco Campos

Zarzuela insiste en que el objetivo es “salvaguardar” la imagen de la Corona y evitar nuevas polémicas. El eventual regreso del rey emérito no se plantea como una cuestión sentimental ni histórica, sino como una decisión con implicaciones jurídicas y fiscales concretas.

El escenario está abierto. La decisión final corresponde a Juan Carlos I, pero el mensaje desde la Casa del Rey es claro: cualquier vuelta deberá alinearse con la normativa fiscal española y con el compromiso de proteger la credibilidad de la institución monárquica en un momento de alta sensibilidad pública.