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Cuidar el hogar implica más que mantener el orden o cubrir las necesidades diarias. También requiere cumplir con ciertas normas legales que muchas veces pasan desapercibidas, especialmente cuando se trata de relaciones laborales dentro del entorno doméstico.
En España, las tareas del hogar realizadas por terceros están reguladas por la ley, y no cumplir con lo que exige la normativa puede derivar en sanciones considerables. Una de las irregularidades más comunes es también una de las más costosas.
Por qué es tan grave la falta de un contrato escrito
La normativa laboral establece claramente que cualquier trabajador, incluida una empleada del hogar, tiene derecho a exigir un contrato por escrito, incluso si ya está en funciones.
El Estatuto de los Trabajadores lo contempla en su artículo 8 como un derecho irrenunciable, y la guía del Ministerio de Trabajo de 2022 remarca que "el contrato debe efectuarse por escrito" o, en defecto, se presume que es indefinido y a jornada completa, salvo prueba de lo contrario.
Quien emplea tiene la obligación de informar a la trabajadora sobre aspectos como el salario (o retribución en especie), la jornada, la duración del contrato y posibles pernoctas en el domicilio.
Cuánto podrías pagar por no cumplir con este deber
La ley de infracciones y sanciones en el orden social (LISOS) califica como infracción grave la ausencia del contrato escrito cuando es exigible o solicitado por la trabajadora. Dentro de su artículo 40, establece unas sanciones con tramos claros:
Grado mínimo: entre 751 y 1500 euros
Grado medio: entre 1501 y 3750 euros
Grado máximo: hasta 7500 euros
La multa exacta dependerá de la gravedad del incumplimiento, pero queda patente que podría costar lo mismo que un piso pequeño, si lo comparas con el mercado actual.
Más allá del contrato: ¿qué otras sanciones pueden haber?
No formalizar por escrito el contrato no es la única falta grave. También se sanciona no dar de alta a la trabajadora en la Seguridad Social desde el primer día; esto implica no solo una multa, sino también el pago de las cotizaciones atrasadas, con recargos e intereses.
Según datos publicados por la Seguridad Social, cuatro de cada diez empleados domésticos en España trabajan sin contar con cotización ni contrato formal.
La falta de cumplimiento puede activar procedimientos automáticos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para dar de alta de oficio a la trabajadora y exigir el pago debido.
