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La situación económica y el coste de la vida en las islas han puesto en jaque a muchas familias mayores con pensiones bajas. En este escenario, llega una medida del Gobierno de Canarias que podría aliviar parte de esa carga: un complemento anual de 400 euros para beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC).
La iniciativa fue presentada en los presupuestos autonómicos de 2026 y pretende beneficiar a unas 42.000 personas que viven con ingresos por debajo del umbral mínimo necesario.
En qué consiste la ayuda y quiénes la recibirán
El complemento de 400 euros se otorgará a quienes perciban una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por incapacidad, y residan en Canarias. El pago no requerirá trámites adicionales, ya que se realizará a través de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), de forma automática.
El importe, equivalente a unos 33 euros al mes calculados en promedio, se repartirá en dos desembolsos a lo largo de 2026, lo que supone un alivio económico para quienes afrontan gastos de vivienda, alimentación o servicios básicos.
Qué pretende paliar esta medida y por qué se considera necesaria
Las pensiones no contributivas en Canarias se sitúan muy por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Por ejemplo, las de jubilación rondan los 558 euros mensuales, mientras que las de incapacidad alcanzan los 614 euros. Esto coloca a muchos perceptores en una situación de vulnerabilidad.
El complemento responde, en palabras de la consejera responsable, a la urgencia de “reforzar la renta de quienes más lo necesitan” ante la lentitud del Estado en adaptar la normativa de pensiones.
La medida también busca mitigar el impacto del elevado coste de vida en islas donde muchos productos esenciales y servicios son más caros, y donde los mayores suponen un perfil especialmente expuesto.
Qué obstáculos y debates rodean el complemento de 400 euros
Aunque el Gobierno de España aún no ha modificado la normativa estatal para permitir la compatibilidad plena de complementos autonómicos con las PNC, el Ejecutivo canario ha optado por impulsar esta ayuda a través de la RCC como solución provisional.
No obstante, el Gobierno central ha advertido que esta ayuda podría ser considerada inconstitucional, lo que pone en riesgo su aprobación definitiva.
A pesar de ello, desde Canarias se defiende que la medida no supondrá la pérdida de la pensión estatal para los beneficiarios, y se reclama una regulación clara que garantice la compatibilidad sin recortar prestaciones.
El debate gira en torno a asegurar que las ayudas autonómicas complementen, y no perjudiquen, a quienes ya reciben una pensión mínima.
Qué implica esta ayuda para el colectivo más vulnerable
Para muchos jubilados y discapacitados con pensiones bajas, esos 400 euros extra suponen un respiro real. Puede marcar la diferencia para afrontar pagos de electricidad, alimentación, medicinas o pequeños gastos domésticos en hogares con recursos limitados.
La medida representa también un reconocimiento por parte del Ejecutivo autonómico de la situación social crítica que afrontan miles de personas mayores en las islas. Su eficacia dependerá de su aprobación definitiva y de que no se vean comprometidos los derechos que ya perciben los beneficiarios.
