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El Consejo de Ministros confirmó este martes la revalorización salarial del 0,5% para más de tres millones de empleados públicos. Se trata de la última mejora acordada con los sindicatos dentro del plan trianual de aumentos salariales entre 2022 y 2024.
Pese a la demora, la medida tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. La nómina de agosto incluirá el ajuste acumulado y el nuevo salario actualizado, lo que representa una mejora media anual de 168 euros por trabajador, según cálculos oficiales.
¿Por qué se demoró la aprobación de la subida?
El incremento fue pactado en el llamado Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que estableció subidas escalonadas y cláusulas vinculadas a la evolución del IPC. Sin embargo, el Ejecutivo postergó su implementación desde principios de año, lo que generó reclamos sindicales.
El propio ministro Óscar López había prometido en mayo una aprobación "en breve", sin aclarar plazos ni condiciones. Incluso en abril relacionó la medida con la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado, una condición que finalmente no se cumplió.
¿Qué reclaman ahora los sindicatos y qué falta definir?
A pesar de la aprobación, los sindicatos continúan presionando al Gobierno. CSIF calificó la medida como insuficiente y exigió una hoja de ruta clara para abordar las mejoras de los próximos años. También denunció demoras en la tramitación de la oferta de empleo público (OEP) para este ejercicio.
UGT y CC OO valoraron el paso dado por el Ejecutivo, pero esperan avances en temas clave como la jornada de 35 horas, la jubilación parcial y la clasificación profesional. El último encuentro con Función Pública no incluyó cifras concretas sobre las plazas disponibles, lo que generó rechazo.
Las partes volverán a reunirse esta semana, aunque no se espera un acuerdo inmediato. Mientras tanto, los trabajadores públicos aguardan definiciones que podrían marcar el futuro de las condiciones laborales en la administración para el período 2025-2027.
