El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer de 61 años a cobrar una pensión vitalicia compensatoria de 1400 euros al mes. Uno de los puntos claves para la sentencia ha sido que la interesada dedicó sus últimos 24 años al cuidado de sus dos hijos y a respaldar la carrera de su exmarido. Sin embargo, el Alto Tribunal ha corregido la sentencia de la Audiencia Provincial, quien había fijado una pensión de 2.000 euros mensuales, pero sí deja claro que la pensión debe ser vitalicia, ya que a los 61 años es casi imposible no solo encontrar trabajo, sino también el poder acceder a la pensión contributiva de jubilación. La sentencia STS 5244/2025 detalla que la pareja estuvo casada durante 33 años y que, durante gran parte del matrimonio, la mujer tuvo que dejar su empleo como auxiliar administrativa para centrarse exclusivamente en el hogar, mientras que su esposo mantuvo su trabajo. Sin embargo, luego de la separación de la pareja, la situación económica de ambas partes cambió drásticamente. Tras la separación de hecho, ocurrida en 2014, el actual exmarido continuó enviando transferencias regulares de entre 4000 y 6000 euros al mes para el sustento familiar manteniendo así una plena dependencia económica. Aun así, la pareja debió acudir a los tribunales porque no llegaron a un mutuo acuerdo. El juzgado de primera instancia estableció una pensión de 1000 euros mensuales, pero solo la limitó a un año. Por eso, la mujer decidió acudir a la Audiencia Provincial, que elevó la pensión a los 2000 euros de forma indefinida, es decir, vitalicia. Al no estar conforme, el exmarido decidió recurrir a esta última decisión ante el Tribunal Supremo. Su objetivo era recortar tanto el importe como la duración de la ayuda. El Tribunal Supremo desestimó el recurso del exesposo de poner una fecha de caducidad a la pensión compensatoria. Los magistrados explicaron que exigir a una mujer de 61 años que lleva 24 años fuera del mercado laboral que encuentre un trabajo estable es algo “realmente complicado”. La resolución judicial subraya que la dedicación exclusiva de la mujer a su familia “cercenó su acceso al mundo laboral”. Al haber cotizado apenas diez años a la Seguridad Social se quedó sin la posibilidad de alcanzar los quince años mínimos exigidos para obtener una pensión de jubilación contributiva propia. Es por eso que el Supremo consolidó la pensión indefinida para protegerla económicamente frente a la precariedad durante el resto de su vida. Sin embargo, la justicia aceptó rebajar la cuantía mensual de la prestación. Los jueces concluyeron que la sentencia anterior no valoró adecuadamente el impacto económico positivo que tendrá la inminente liquidación de la sociedad de gananciales. Esto se debe a que el matrimonio posee una vivienda libre de cargas y valorada pericialmente en 390.500 euros. La venta de este inmueble proporcionará a la exmujer un capital aproximado de 195.250 euros. Es por eso que su cuota firme será de 1400 euros mensuales sin límite temporal.