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Las pensiones por discapacidad en España ya no serán inamovibles. La Seguridad Social ha anunciado que dará de baja a los beneficiarios que dejen de cumplir las condiciones exigidas.
Miles de personas podrían recibir un requerimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicitándoles que acrediten nuevamente su grado de discapacidad, su situación laboral y sus ingresos. Si no cumplen con los criterios, se procederá a la baja de la pensión.
Esta medida afecta tanto a ayudas contributivas como no contributivas, y llegará para depurar el sistema y fortalecer su sostenibilidad.
Un control reforzado para un sistema más sostenible
La medida incluye que los beneficiarios deben seguir dados de alta o "en situación asimilada al alta" en la Seguridad Social. Los menores de 31 años necesitan contar con un mínimo de cotizaciones. Estos requisitos se suman al ya obligatorio grado de discapacidad del 65% o superior, la residencia legal y los límites de ingresos.
El objetivo es evitar cobros injustificados y asegurar que solo quienes realmente necesitan esta ayuda la perciban. De este modo, las pensiones por discapacidad ven recortados sus márgenes de error administrativo.
Revisiones periódicas o caducidad automática
Aunque no todos los casos serán objeto de un examen médico cada dos años, la legislación permite revalorar el estado del beneficiario cuando sea necesario. Se advierte sobre tres escenarios que activan una revisión:
Mejora del estado de salud,
Inicio de una actividad laboral incompatible con la discapacidad,
Error en la evaluación médica inicial.
En caso de incumplimiento, se abre un procedimiento de baja automática. Para volver a obtener la pensión, el afectado deberá demostrar que sigue cumpliendo los requisitos que dio lugar al reconocimiento de la ayuda.
Cuál será el impacto en pensiones contributivas y no contributivas
En 2025, tanto las pensiones no contributivas de discapacidad como las contributivas por incapacidad permanente están sujetas a la revaluación de requisitos. Las primeras requieren un grado 65%, ingresos propios bajos y residencia prolongada; las segundas dependen del grado, cotización previa y situación laboral.
El control repercute especialmente en colectivos vulnerables: si se comprueba que ganan más allá del umbral legal, o que han empezado a trabajar en un empleo incompatible, perderán la prestación.
Una reforma que busca un sistema más inclusivo
El endurecimiento del control coincide con otras reformas sociales recientes, como la modificación de la Ley de Discapacidad y Dependencia, que elimina incompatibilidades entre ayudas y actualiza el lenguaje legal, sustituido "invalidez" por "discapacidad".
Estas iniciativas buscan una protección más eficaz y menos burocrática, y garantizar que las prestaciones lleguen a quien las necesita, evitando alertas falsas o fraudes.
Qué deben hacer los beneficiarios
Ante esta nueva exigencia, lo principal es estar atentos a cualquier notificación del INSS. Si reciben un requerimiento, deberán presentar:
Certificado actualizado de la discapacidad,
Documentación fiscal y de ingresos,
Acreditación de estar dados de alta o asimilados al alta,
Justificantes laborales en caso de empleo activo.
Evitar la baja dependerá de demostrar que aún cumple con los requisitos. En caso contrario, conviene asesorarse (por ejemplo, vía SEPE o servicios sociales) para explorar otras alternativas como subsidios o prestaciones complementarias.
La próxima oleada de bajas revela la política clara del Gobierno: hacer del sistema de pensiones por discapacidad una ayuda robusta, justa y sostenible, dirigida exclusivamente a quienes lo necesitan. Un paso necesario para evitar abusos y garantizar la calidad del apoyo social.
