En esta noticia

El Partido Socialista Obrero (PSOE) ha registrado una nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de garantizar el acceso a viviendas en alquiler a precios asequibles.

El proyecto introduce una serie de reformas fiscales, regulatorias y administrativas que buscan enfrentar tres grandes desafíos del mercado inmobiliario: el aumento de pisos turísticos, la compra especulativa de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y la falta de oferta de alquiler a precios razonables.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que esta iniciativa forma parte del compromiso asumido por el presidente Pedro Sánchez en enero pasado, y representa -según sus palabras- una respuesta legal concreta a una situación que definió como de "SOS habitacional".

Además de los socialistas, participaron en la elaboración del proyecto representantes del grupo parlamentario y técnicos del Ministerio de Vivienda.

¿Qué medidas contempla la ley contra la compra especulativa y los pisos turísticos?

El proyecto incluye acciones para frenar el auge de los apartamentos turísticos y la presión que ejercen en el mercado del alquiler.

Alguna de las principales propuestas del proyecto son:

  • Incremento del IVA a los pisos turísticos al 21 %: busca que estas propiedades tributen como actividad económica formal, equiparándolas a otros servicios turísticos.

  • Creación de un impuesto estatal para compradores extranjeros no residentes: orientado a evitar operaciones especulativas que distorsionan el mercado local, especialmente en zonas costeras y grandes ciudades.

  • Reclamación a los ayuntamientos: se exhorta especialmente al Ayuntamiento de Madrid a actuar contra las 15.000 viviendas turísticas ilegales detectadas en la capital, con el fin de liberar oferta para residencia permanente.

La ministra Isabel Rodríguez insistió en que el crecimiento del alquiler turístico se ha dado sin control normativo, afectando gravemente la disponibilidad de viviendas para residentes. Por eso, consideró esencial que los gobiernos locales actúen junto al Estado en esta materia.

¿Cómo busca el PSOE fomentar el alquiler asequible desde el plano fiscal y patrimonial?

Uno de los ejes principales de la proposición se centra en reorientar los incentivos fiscales para premiar a quienes ofrezcan alquileres a precios accesibles y penalizar la especulación. Entre los puntos más destacados, se incluyen:

  • Reforma fiscal a las SOCIMI: se aumenta su tipo impositivo del 15 % al 25%, salvo que sus inmuebles se destinen a alquiler asequible.

  • Aumento de impuestos a viviendas vacías: con el fin de incentivar su incorporación al mercado del alquiler.

  • Extensión de las bonificaciones del IRPF: se propone aplicarlas también a zonas no declaradas como tensionadas, para promover una oferta más amplia de viviendas asequibles.

  • Modificación de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas: se establecerán límites permanentes al precio de venta de viviendas construidas por SEPES, para conservar su función social.

  • Cesión de suelos públicos a SEPES: se facilitará la transmisión de terrenos del Estado a esta entidad para desarrollar políticas activas de vivienda pública.

  • Actualización de la ley de contratos públicos: se facilitará la colaboración entre el Estado y desarrolladores privados para construir vivienda asequible.

Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, hubo críticas a algunos de los puntos del proyecto. El diputado Alberto Ibáñez cuestionó que se incluyan beneficios fiscales a propietarios privados por alquilar a precios razonables.

Según Ibáñez, "la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado", y propuso medidas más estructurales, como eliminar las SOCIMI. Sin embargo, valoró positivamente otros aspectos del proyecto, como el nuevo gravamen a los pisos turísticos y el endurecimiento del régimen fiscal a inversores.

El texto ahora entra en el circuitoparlamentario, y el Gobierno necesita articular mayorías para aprobarlo. Mientras tanto, el debate sobre cómo garantizar el derecho a la vivienda en España sigue abierto y marcado por posiciones divergentes incluso dentro del oficialismo.