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La contratación de empleados del hogar en España está sujeta a nuevas exigencias legales. A partir de ahora, será obligatorio contar con un protocolo de evaluación de riesgos laborales si se tiene personal contratado para tareas como limpieza, cocina, jardinería o cuidado de personas.
El cambio busca equiparar la protección de estos trabajadores con la del resto del mercado laboral. Hasta hace poco, el servicio doméstico quedaba fuera del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Pero una disposición adicional y un real decreto han corregido esta omisión, obligando a los empleadores a garantizar condiciones de trabajo seguras.
Qué documento hay que presentar para cumplir con la nueva normativa
La herramienta clave para cumplir con esta obligación es la aplicación digital Prevención10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A través de esta plataforma, cualquier empleador puede realizar una evaluación personalizada de riesgos en su hogar.
Este documento debe incluir:
- Las características del domicilio
- Las funciones asignadas al empleado (limpieza, cocina, jardinería, conducción, etc.)
- Los riesgos identificados
- Las medidas de corrección y protección recomendadas
La herramienta permite completar la evaluación de riesgos de forma guiada, según las características del domicilio y las tareas que realiza el trabajador. Al finalizar, genera un informe con los riesgos detectados y las medidas preventivas recomendadas, que el empleador debe conservar como respaldo ante una eventual inspección o requerimiento administrativo.
Además, la normativa exige que el empleador proporcione equipos de trabajo y de protección individual sin coste para el trabajador.
Qué sanciones se aplican si no se cumple el protocolo de riesgos
No cumplir con la obligación de evaluar y documentar los riesgos laborales puede constituir una infracción grave o muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en particular cuando no se realizan las evaluaciones de riesgos ni se adoptan las medidas preventivas que de ellas derivan, tal como exige la normativa de prevención de riesgos laborales.
En la LISOS, las sanciones se gradúan en grado mínimo, grado medio y grado máximo en función de la gravedad y de las circunstancias concretas de cada caso, y aquellas infracciones muy graves en materia de prevención pueden llegar a sanciones económicas muy elevadas, conforme a las actualizaciones reglamentarias de la propia ley.
En la práctica, las multas por infracciones graves pueden situarse en miles de euros, y en casos de infracciones muy graves, apreciadas por la autoridad laboral o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las sanciones pueden escalar hasta decenas o incluso cientos de miles de euros, siempre dependiendo de la valoración de hechos, responsabilidad y criterios de graduación usados por la administración sancionadora.
Las multas pueden alcanzar los 12.000 euros, dependiendo de la gravedad:
- Grado mínimo: entre 3.750 y 7.500 euros
- Grado medio: entre 7.501 y 9.600 euros
- Grado máximo: entre 9.601 y 12.000 euros
Además del riesgo económico, en caso de accidente laboral, el empleador podría quedar desprotegido legalmente si no puede demostrar que ha cumplido con la evaluación de riesgos.
Cuál es el plazo para implementar esta evaluación obligatoria
El documento debe generarse y validarse antes del 14 de noviembre de 2025. Hasta entonces, los empleadores tienen tiempo para adaptar sus contratos y evaluar los posibles riesgos en sus domicilios.
Esta medida se considera un avance en la dignificación del trabajo doméstico, uno de los sectores más precarizados en España. Aunque el empleo doméstico representa una pequeña proporción del total de ocupados en España, se mantiene como un colectivo numeroso y mayoritariamente femenino, con alrededor de 360.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social a finales de 2024 dentro del sistema especial de empleados del hogar. Al mismo tiempo, diversos informes estiman que si se cuenta también el empleo informal, el número de personas dedicadas a tareas domésticas podría superar las 565.000, lo que refleja su importancia para miles de familias y las razones por las que la nueva normativa de seguridad laboral es percibida como un avance en la protección de sus derechos.
Con este nuevo marco legal, se busca que la seguridad y los derechos laborales lleguen también a quienes trabajan en el ámbito más privado: el hogar.