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Un número considerable de personas desempeña funciones como amas de casa, gestionando sus hogares sin recibir remuneraciones ni el reconocimiento correspondiente por su labor. Las labores domésticas, que incluyen el cuidado de los niños, la atención a personas mayores, la limpieza y la preparación de alimentos, son esenciales para mantener el equilibrio familiar.
En España, el número de amas de casa ha experimentado una disminución en las últimas dos décadas. Según lo indicado por la Encuesta de Población Activa (EPA), en el año 2002 se registraron cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número ha caído a tan solo 2,8 millones.
En este contexto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995, omitió considerar el servicio doméstico. No obstante, una disposición adicional y un real decreto promulgado el año pasado exigen a los empleadores garantizar condiciones seguras para las personas que realicen tareas domésticas en sus hogares. Las normativas se centrarán en la protección frente a la violencia y los riesgos físicos.
El requisito esencial para el servicio doméstico
La presente normativa no podía implementarse debido a la ausencia de una herramienta que facilitara su cumplimiento en todos los hogares que cuentan con personal de servicio doméstico. Sin embargo, ahora es una realidad gracias a la aplicación digital desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la cual se puede
encontrar en el portal Prevención10.es y está disponible para todos los empleados que la requieran.
Mediante esta herramienta digital, se generará un nuevo documento formal para la evaluación de riesgos personalizada, que abarca las particularidades del hogar, incluyendo las diversas funciones llevadas a cabo por el trabajador, tales como limpieza, jardinería, cocina, conducción y cuidados a terceros.
Este recurso ha sido diseñado para identificar fuentes de riesgo para los trabajadores domésticos y evaluar su nivel de gravedad. Asimismo, es posible asignar responsables, definir plazos de corrección, estimar costes y registrar la implementación de medidas para mitigar dichos peligros. Finalmente, se puede elaborar con toda esta información un informe conclusivo de evaluación de riesgos laborales.
Consecuencias económicas por no cumplir con el requisito del servicio doméstico
Los empleados del hogar son uno de los colectivos profesionales más expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales. Se estima que muchos ejercen su labor sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Esta situación constituye una infracción que puede acarrear consecuencias económicas para el empleador.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es clara al respecto y en el artículo 22.2 se tipifica como infracción grave “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio“.
Esta falta conlleva una sanción económica que puede alcanzar los 12.000 euros según su grado: Grado mínimo: de 3750 a 7500 euros. Grado medio: de 7501 a 9600 euros. Grado máximo: de 9601 a 12.000 euros.