El Gobierno quiere reducir la jornada laboral en el Estado a un máximo de 35 horas

Un sector del Gobierno, representado por el grupo parlamentario plurinacional Sumar, ha propuesto una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE). 

Entre las propuestas destaca la reducción de la jornada laboral para los funcionarios a un máximo de 35 horas semanales, una medida que también contempla la ampliación de la posibilidad de jubilación parcial, igualándola con la que disfrutan otros trabajadores del país. 

Además, Sumar defiende que el teletrabajo sea una opción voluntaria para los empleados públicos y que la negociación colectiva se involucre en todas las decisiones relacionadas con su implementación.

¿Qué implicaría esta reducción de la jornada laboral para los funcionarios?

El paquete de enmiendas propone una modificación en el texto de la ley para que la jornada laboral general de los funcionarios no supere las 35 horas semanales, en consonancia con el compromiso del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que ya planteaba la recuperación de esta jornada. 

Esta medida también responde a la derogación de la disposición 148 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta iniciativa se da a conocer en un momento en el que el Gobierno ya ha aprobado la reducción de la jornada laboral en el sector privado a 37,5 horas semanales, un cambio que beneficiará a más de 12 millones de trabajadores. 

En cuanto a los funcionarios de la AGE, la jornada laboral actualmente está fijada en 37,5 horas semanales, pero las enmiendas buscan llevarla a las 35 horas.

¿Qué otras medidas se incluyen en las enmiendas?

Además de la jornada laboral, las enmiendas también abogan por flexibilizar la jubilación en el sector público, permitiendo que los funcionarios puedan solicitar una jubilación parcial, siempre que esta sea voluntaria. 

También se propone que aquellos funcionarios que lleguen a la edad de jubilación forzosa puedan prolongar su permanencia en el servicio activo, una medida que, según Sumar, debe ser un derecho para todos los empleados públicos, aunque no aplicable a cargos directivos. 

En el ámbito del teletrabajo, Sumar defiende que esta modalidad debe ser opcional, y no vista como una medida de ahorro, como ocurre en algunos casos en el sector privado. Además, las enmiendas incluyen medidas para fomentar la igualdad de género y promover la no discriminación de personas LGTBI en el entorno público. 

Por último, la propuesta también impulsa el derecho a la excedencia para el cuidado de familiares, reconocida para todos los empleados del sector público, independientemente de su condición de funcionario o personal laboral.