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El Gobierno español está presionando a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para negociar un sistema de reparación más inclusivo y efectivo para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se reunió con representantes de asociaciones de víctimas en La Moncloa para abordar el tema tras conocerse el plan de la CEE de ofrecer indemnizaciones en una próxima Asamblea Plenaria.
Bolaños exige una participación activa de las victimas
El Gobierno critica el plan actual de la CEE, calificándolo de unilateral y no vinculante, ya que no contempla la participación directa de las víctimas ni establece obligaciones claras para todas las diócesis.
Bolaños enfatizó la importancia de un sistema que garantice la participación activa de las víctimas, sea vinculante para todas las partes involucradas y asegure compensaciones justas y adecuadas por parte de la Iglesia.
El gobierno busca un sistema de reparación "justo y equitativo"
El ministro subrayó que el Gobierno ha estado en conversaciones con la CEE para desarrollar un sistema de reparación alineado con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, el cual propone un órgano mixto entre Iglesia y Estado.
Busca crear un entorno seguro y transparente para que las víctimas puedan plantear sus casos con confianza.
Las asociaciones de víctimas, como la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra (AVA) y la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), respaldaron la posición del Gobierno y expresaron su preocupación por la falta de inclusión en el proceso de reparación propuesto por la CEE.
Bolaños ha destacado que "ha costado mucho que las víctimas consigan que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se les garantice una reparación adecuada".
La reunión también contó con la presencia del subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno de buscar un sistema de reparación justo y equitativo para todas las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
Fuente: EFE.
