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En muchos países, compatibilizar un empleo estatal con actividades privadas no es legal y puede ser perseguido por la Justicia. Así, son varios los estados que no permiten compaginar ganancias de distintos sectores.

Este es el caso de un profesor en Italia, quien ha sido condenado a devolver su salario de los últimos diez años por haber ocultado durante todo ese tiempo otros dos empleos complementarios a la docencia.

Según informa la prensa local, el hombre de identidad anónima ha violado la ley de incompatibilidades del empleo público al compaginar su labor como profesor en una institución estatal con la de trabajador de una empresa de seguros y también como asesor financiero.

El Tribunal de Cuentas tras un largo camino judicial. En su sentencia destaca la gravedad de que el docente no solicitase la autorización para realizar encargos laborales externos a su profesión. El monto total llega hasta los 231.000 euros.

La condena que deberá afrontar un profesor italiano. (Foto: archivo).
La condena que deberá afrontar un profesor italiano. (Foto: archivo).

La historia del profesor que deberá devolver una década de su sueldo

El ciudadano italiano ocultó estas labores durante años al Estado y tampoco solicitó ninguna autorización para ejercer en esas profesiones secundarias. Cuando la administración se percató de lo ocurrido, no dudó en actuar. Ahora, este profesor deberá devolver miles de euros como compensación.

En Italia, los trabajadores de las administraciones públicas forman parte de un servicio exclusivo del Estado que requiere el 100% de su compromiso. Es decir, no se les permite, en la mayoría de los casos, dedicarse a otros empleos mientras que prestan servicios a la administración pública.

Sus cuentas no correspondían con las de un profesor, por lo que finalmente fue descubierto luego de que los investigadores fiscales encontraran ingresos de “actividades externas absolutamente prohibidas durante el servicio público”.

La cantidad total de dinero que deberá devolver el profesor

Tras analizar su caso, la justicia dictó una sentencia clara. No irá a prisión, pero tiene que devolver su salario de los últimos diez años para “garantizar el correcto funcionamiento e imparcialidad de la administración pública”.

La ley remarca que los empleados públicos no pueden dedicarse al comercio, la industria ni ninguna otra profesión, ni ocupar cargos en empresas privadas ni aceptar cargos en empresas con fines de lucro. Con la única salvedad de que ocupen cargos en empresas o entidades ligadas al Estado y siempre con la autorización del ministro competente.

La devolución de diez años de salario y el monto de los 231.000 euros actúa como advertencia de las consecuencias económicas y disciplinarias que puede acarrear ignorar el régimen de incompatibilidades en el empleo público.