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El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. El aumento de precios, la escasez de oferta y la incertidumbre legal han generado un escenario complejo para millones de inquilinos.
En este contexto, los datos más recientes reflejan una situación que empieza a generar inquietud: más de 1.000.000 de personas viven en viviendas cuyos contratos de alquiler vencen entre 2026 y 2027, lo que podría afectar de forma directa a su estabilidad residencial.
Más de un millón de personas con contratos de alquiler que vencen en dos años
Las cifras son contundentes. Solo en la Comunidad de Madrid y Cataluña, 1.097.956 personas se verán afectadas por el fin de sus contratos de alquiler en ese periodo, lo que representa más del 40 % del total nacional.
Madrid lidera la lista con 623.142 personas afectadas, seguida por Cataluña con 474.814. En conjunto, el número total de personas que podrían verse impactadas en toda España asciende a 2.687.392 entre ambos años, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
Estos datos proceden de un análisis técnico basado en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, lo que refuerza su relevancia y fiabilidad para entender la evolución del mercado del alquiler en España.
Qué dice la nueva normativa sobre la renovación de contratos de alquiler
Ante este escenario, el Gobierno ha activado medidas para intentar contener el impacto. El nuevo real decreto de vivienda, en vigor desde marzo de 2026, permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027.
Esto implica que los contratos que vencen entre el 22 de marzo de 2026 y finales de 2027 pueden extenderse automáticamente durante dos años, lo que ofrece un margen de estabilidad a los inquilinos en un momento de alta tensión en el mercado.
Además, la normativa introduce una limitación del 2 % en la subida del alquiler, aunque en el caso de propietarios que no sean grandes tenedores, esta actualización debe acordarse entre ambas partes. Esta medida busca frenar el incremento de precios en un contexto de fuerte presión sobre la vivienda.
Las regiones más afectadas y el impacto real en el mercado inmobiliario
El problema no se limita a Madrid y Cataluña. Andalucía registra 360.040 personas afectadas, seguida de Canarias con 268.053, Castilla y León con 145.430 y Baleares con 112.484.
Por debajo de las 100.000 personas se sitúan comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia, aunque el impacto sigue siendo relevante en términos absolutos. Incluso regiones con menor población, como Asturias o Cantabria, muestran cifras significativas dentro de su escala.
Si se analizan los contratos en lugar de las personas, el volumen también es elevado: más de 1.037.603 contratos de alquiler finalizan entre 2026 y 2027, con una alta concentración en grandes núcleos urbanos como Madrid y Cataluña.
Este escenario refleja un momento clave para el mercado inmobiliario, donde la combinación de vencimientos masivos de contratos, regulación y falta de oferta podría redefinir las condiciones del alquiler en los próximos años.