El acceso al alquiler barato en la Capital se ha convertido en una carrera de fondo. Los precios del mercado libre siguen tensos y la oferta pública no alcanza a cubrir la demanda. Cada ajuste normativo altera el equilibrio entre quienes llevan años esperando una adjudicación y quienes buscan estabilidad sin poder asumir rentas elevadas. La Comunidad de Madrid ha decidido reducir el requisito de empadronamiento necesario para acceder a viviendas protegidas en alquiler. La medida fue anunciada en la Asamblea regional y supone una rectificación respecto al planteamiento inicial, que exigía una década completa de residencia para prácticamente todos los supuestos. A partir de este nuevo reglamento, se fijarán cinco años para el alquiler, mientras que mantiene diez para la compra de vivienda protegida. El borrador inicial del Reglamento de Vivienda Pública establecía un mínimo de diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid tanto para comprar como para alquilar una vivienda protegida. Esa exigencia generó críticas por parte de la oposición y de asociaciones vecinales, que advertían que dejaría fuera a miles de residentes con arraigo real pero menos tiempo formal en el padrón. Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha optado por diferenciar entre compra y alquiler. Para acceder a viviendas protegidas en alquiler, bastarán cinco años de empadronamiento. Así lo confirmó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante su intervención parlamentaria, recogida por elDiario.es, donde explicó que el objetivo es ampliar el acceso sin eliminar el criterio de vinculación territorial. La compra, en cambio, seguirá sujeta a los diez años. La diferencia no es menor. En un mercado donde la adquisición resulta inasumible para buena parte de los jóvenes y familias con ingresos medios, el alquiler protegido se convierte en la vía realista para lograr estabilidad residencial. La reforma no se limita a rebajar años en el padrón. Introduce excepciones que matizan el alcance del requisito. Por ejemplo, en determinadas modalidades como residencias de estudiantes o fórmulas específicas de vivienda compartida, no se exigirá el mismo nivel de antigüedad en el empadronamiento. Esta información fue detallada también por Idealista en su análisis del nuevo reglamento. Además, quienes ya hubieran firmado contratos de compraventa o entregado cantidades a cuenta antes de la entrada en vigor del reglamento no quedarán afectados por la nueva exigencia de diez años. La administración regional ha optado por proteger esas situaciones previas para evitar inseguridad jurídica. Otro punto relevante afecta a las unidades de convivencia. Bastará con que uno de los miembros cumpla el requisito de empadronamiento para que la solicitud sea válida. Esta flexibilidad reconoce que muchas parejas o familias combinan trayectorias distintas dentro de la región. Reducir de diez a cinco años el requisito para el alquiler barato en la Capital amplía el número potencial de solicitantes. No se trata de un cambio simbólico. Cinco años siguen implicando arraigo, pero permiten que quienes se trasladaron a Madrid por trabajo o estudios hace un tiempo razonable puedan competir en igualdad de condiciones. El mercado madrileño continúa tensionado. Los datos publicados por portales inmobiliarios muestran que el precio medio del alquiler en la ciudad se mantiene en niveles elevados, con distritos donde la renta supera con facilidad los 1000 euros mensuales. En ese contexto, las viviendas protegidas en alquiler representan una alternativa con precios regulados y mayor estabilidad contractual. La aprobación definitiva del reglamento está prevista para los próximos meses, según el calendario adelantado por el Gobierno regional en sede parlamentaria. Si se confirma ese calendario, la rebaja del requisito de empadronamiento entrará en vigor este mismo año. Para quienes llevan cinco años viviendo en Madrid y hasta ahora quedaban fuera por no alcanzar la década exigida, la puerta se abre de nuevo. No resuelve la escasez estructural de vivienda pública, pero modifica una condición que condicionaba el acceso de miles de personas.