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El Real Decreto 326/2026, publicado en el BOE el 23 de abril, regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y fija las condiciones de las ayudas al alquiler. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla tramitan, resuelven y pagan estas ayudas a través de sus propias convocatorias.
El plan destina cada año al menos el 30% de sus fondos a la línea de ayudas al alquiler y emancipación juvenil. Desde 2027, la financiación se repartirá entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%).
Requisitos de ingresos y límites de renta para la ayuda al alquiler
La vivienda debe ser la residencia habitual del solicitante. Pueden acceder las personas con nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, y los extranjeros no comunitarios con residencia legal en España.
El límite de ingresos es de 5 veces el IPREM, unos 42.000 euros por hogar. Sube a 5,5 veces (46.200 euros) para personas con discapacidad de al menos el 33% o víctimas de terrorismo, y a seis veces (50.400 euros) en casos de discapacidad de al menos el 66% o familias numerosas de categoría especial.
La renta máxima es de 1000 euros al mes por vivienda y 600 euros por habitación. Las comunidades autónomas pueden modificar estos topes y los requisitos de acceso.
Cuánto se cobra: importes de la ayuda general y para jóvenes
La ayuda general es de 250 euros al mes por vivienda y de 150 euros por habitación. La cuantía puede aumentar, hasta el 40% del alquiler, cuando hay personas a cargo o un beneficiario con discapacidad de al menos el 33%. Se concede por un periodo de entre dos y cinco años y puede pagarse directamente al propietario.
Los menores de 35 años cuentan con una ayuda al alquiler para jóvenes de hasta 300 euros por vivienda y 200 euros por habitación, que no puede superar el 60% del alquiler y se concede por hasta cuatro años. En municipios de hasta 10.000 habitantes, los topes de renta bajan a 500 euros por vivienda y 250 por habitación.
Ayudas para colectivos vulnerables y cómo solicitarlas
Las víctimas de violencia de género, las personas en proceso de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables pueden recibir hasta el 100% del alquiler, más 300 euros para suministros, durante un máximo de cinco años. En este caso, el límite de ingresos es de 3 veces el IPREM (25.200 euros).
Para solicitar la ayuda hay que esperar la convocatoria de cada comunidad autónoma. En la solicitud se autoriza a la administración a consultar los datos de renta en la Agencia Tributaria, y el beneficiario debe comunicar cualquier cambio que afecte a su derecho. Por regla general, la ayuda no es compatible con otras ayudas al alquiler, salvo excepciones por motivos sociales.