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El Ayuntamiento de Barcelona suspendió de manera temporal la concesión de nuevas licencias para autoservicios y supermercados abiertos las 24 horas. La decisión tendrá vigencia inmediata durante un año y apunta a frenar la expansión de este tipo de comercios mientras se redacta un nuevo plan de usos para toda la ciudad.
La medida alcanza a los locales de hasta 300 metros cuadrados, que hasta ahora podían operar sin limitaciones horarias. Según el consistorio, la proliferación de estos negocios generó conflictos de convivencia en distintos barrios por el impacto del turismo, el ruido y la concentración de actividad nocturna.
¿Por qué Barcelona decidió frenar los nuevos supermercados 24 horas?
Actualmente existen alrededor de 1300 supermercados y autoservicios de este tipo en la ciudad. Desde el Ayuntamiento sostienen que muchos de estos establecimientos se instalaron en zonas con alta densidad residencial, lo que provocó quejas vecinales vinculadas al descanso y al uso intensivo del espacio público.
La suspensión también incluye la tramitación de obras destinadas a ampliar o implantar nuevos locales de estas características. El objetivo oficial es avanzar en un modelo que priorice el comercio de proximidad y permita regular de forma más estricta este formato comercial.
Las autoridades remarcaron que algunos distritos ya cuentan con regulaciones específicas. En ese grupo aparecen Sant Martí y Ciutat Vella, que quedaron excluidos de la suspensión porque poseen normativas recientes alineadas con el futuro planeamiento municipal.
¿Qué controles realizará ahora el Ayuntamiento?
En paralelo a la suspensión de licencias, el Gobierno local confirmó que continuará con campañas de inspección sobre los comercios que funcionan las 24 horas. Durante el actual mandato ya se realizaron 14 operativos de multiinspección en distintos barrios de la ciudad.
En esos controles se revisaron más de 230 locales y se detectaron incumplimientos relacionados con normativas urbanísticas, sanitarias y de funcionamiento. Además, las inspecciones generales derivaron en 87 clausuras provisorias, 513 órdenes de restitución y más de 250 sanciones económicas.
Desde el Ayuntamiento señalaron que estas medidas buscan “preservar la convivencia vecinal” y evitar que continúe creciendo un modelo comercial que genera cada vez más debate entre comerciantes, vecinos y dirigentes políticos en Barcelona.
