El 29 de octubre pasado, Maricarmen, una pensionista de 87 años que reside en un departamento en la zona de El Retiro de Madrid, debía ser desahuciada por la actuación de la empresa Urbagestión.
Esta empresa pertenece a un fondo buitre que adquirió el edificio en el cual ha vivido desde que su padre suscribiera un contrato de arrendamiento en el año 1956.
No obstante, la movilización de los vecinos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a habitar la vivienda ha logrado cancelar el primer intento de desalojo en su contra.
Maricarmen heredó dicho contrato tras el fallecimiento de sus progenitores, incluyendo a su madre en 2005. Desde ese entonces, ha residido bajo las mismas condiciones: un alquiler que se actualizaba cada año según el IPC, además de otros gastos como el IBI. “Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones.. durante casi 20 años“, explicó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Madrid en un comunicado.
“He habitado esta vivienda del barrio del Retiro desde 1956. He estado aquí toda mi vida, desde que contaba con 17 años. Es el hogar en el cual he crecido, donde fallecieron mi padre y mi madre. Me sorprendió recibir una carta del fondo buitre que indicaba que debía abandonar mi hogar. No hice ningún caso ya que ellos no pueden desalojarme“, manifestó Maricarmen al enfrentar un posible desalojo.
Motivos del desahucio
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo asumir el precio. “Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL”, explicaron desde la organización.
Los nuevos propietarios argumentaron que el contrato de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón a Maricarmen, la empresa recurrió hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo de 2025.
El motivo es que la segunda subrogación del contrato solo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%, precisó la organización. Maricarmen no puede adherirse a este régimen debido a que su discapacidad es del 50%.
Fue entonces que Urbagestión exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros. “En caso contrario, le dieron de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años”, advirtió el sindicato.
Acciones vecinales para salvar el hogar de Maricarmen
El desahucio estaba programado para el mes de octubre, no obstante, el juzgado comunicó su suspensión hasta no hallar una alternativa habitacional. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid enfatiza en un comunicado que “la única solución viable es que Maricarmen permanezca en su hogar”.
A pesar de ello, la jubilada continúa sin una solución habitacional y la única opción proporcionada por el Ayuntamiento de Madrid consiste en que se registre en las listas de espera de los recursos sociales.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que “no tiene conocimiento de que Maricarmen haya solicitado asistencia”. Sin embargo, el sindicato sostiene que la vecina “ya lo había hecho de manera previa”.
