La historia reciente del sector del software y servicios informáticos muestra uno de los (pocos) ejemplos de una política pública que se sostuvo a lo largo de las últimas dos décadas, atravesando los vaivenes políticos, económicos y sociales vividos durante este periodo, que incluyen hasta una pandemia.
En este marco, vale la pena repasar los éxitos, pero también los puntos a revisar, justamente cuando el sector está revolucionado en el mundo entero con la masificación de la IA. En nuestro país, tendremos la necesidad de rediscutir una nueva ley para el sector en el futuro cercano.
En 2004, cuando se sancionó la primera Ley de Promoción de la Industria del Software (Ley N° 25.922), el sector exportaba unos u$s 150 millones y empleaba a 26.000 trabajadores registrados. Dos décadas después, las exportaciones superaron los u$s 2800 millones en los últimos doce meses y el empleo formal alcanzó los 162.000 puestos en el primer trimestre de 2026. Es decir, las ventas al exterior se multiplicaron por diecinueve y el empleo más que se sextuplicó.
Vale la pena preguntarse si es igualmente relevante financiar al sector de software que al de entretenimientos o de servicios contables a grandes multinacionales
Detrás de ese crecimiento hay una política pública que logró sostenerse en el tiempo. La ley del software sancionada en 2003 estableció beneficios fiscales atados al cumplimiento de objetivos de calidad, exportaciones e inversión en I+D. Sobre esa base, en 2019 se aprobó la ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506), que extendió la cobertura a la biotecnología, la nanotecnología, la industria satelital, servicios empresariales y producción audiovisual, entre otros, con vigencia hasta 2029. Este horizonte de estabilidad brindó el marco para que el sector crezca, se internacionalice aún más y que, incluso, genere un denso entramado de empresas de todos los tamaños, donde un 95% son Pymes.
Sin embargo, esta ampliación de sectores bajo el paraguas de “Economía del Conocimiento” tuvo sus consecuencias, ya que dejó bajo un mismo régimen de incentivos a sectores muy disímiles, tanto desde el punto de vista de la dinámica sectorial y de las necesidades de incentivos fiscales para un buen desempeño, como de la prioridad estratégica para el país. Vale la pena preguntarse, entonces, con relación a esta Ley, si es conveniente e igualmente relevante financiar al sector de software que al de entretenimientos o de servicios contables a grandes multinacionales.
Aprendizajes y propuestas para una nueva ley
Veamos algunos elementos concretos que nos permiten analizar mejor las modificaciones que debería discutir una nueva Ley. La falta de diferenciación de los subsidios por tamaño y por trayectoria llevaron a situaciones en las que se terminó subsidiando a empresas ya consolidadas, que no lo necesitaban para crecer, y por un tiempo mayor al que se podría pensar eficiente a la hora de asignar recursos.
Por otro lado, no es lo mismo desarrollar software para terceros que para la misma empresa, y en ese caso se financió el autodesarrollo, algo que no estaba en el espíritu original de la Ley. Este punto se relaciona con un criterio clave a revisar, sobre todo en la actualidad.
La Ley puso demasiado énfasis en la exportación directa, por un lado, sin incentivar que el software dinamizara a otros sectores productivos en el país y, por el otro, sin distinguir entre exportar horas de desarrollo para un cliente externo que es dueño del producto y exportar software propio, comercializar licencias o, incluso, vender de manera indirecta software incorporado en la maquinaria agrícola que el país coloque en el mercado internacional. Como en el agro no es lo mismo exportar maíz que carne aviar, aquí no es lo mismo -menos aún en tiempos de masificación de la IA- vender horas de desarrollo que software embebido en otros productos o servicios.
Es por ello que, en base al aprendizaje que nos ha dado la continuidad de una política exitosa de incentivo al sector, es imprescindible apuntar a una nueva Ley. Y la urgencia es mayor de lo que parece ya que el contexto se está transformando a una velocidad sin precedentes.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa está modificando el proceso productivo del software. Se vislumbra la reducción de las horas necesarias para muchas tareas de desarrollo, como se está viendo en la actualidad, si bien eso no eliminaría en el corto plazo la demanda de profesionales en actividades de mayor responsabilidad y toma de decisiones. En este marco, la Argentina debe decidir qué tipo de software va a promocionar, teniendo en cuenta que los recursos son limitados y deben invertirse de la manera más inteligente posible.
Es aquí donde se abre el debate sobre los elementos que un nuevo marco normativo debería tener en cuenta. Por un lado, volver a tener régimen propio para el software, desacoplado de sectores con lógicas muy distintas.
Asimismo, promover empresas Pymes, jóvenes e innovadoras, al menos con un esquema diferencial de los incentivos. Por otro lado, impulsar mayor valor agregado tanto para el mercado local como para las exportaciones, priorizando la venta de productos propios, licencias o software como servicio al resto del entramado productivo local. Por último, pero no menos relevante, vincular las compras públicas del Estado al sector de software local, ya que se trata de uno de los demandantes más importante de soluciones tecnológicas en una economía.
Aceitar este vínculo no solo le brindaría al Estado un desarrollo tecnológico a medida de sus necesidades y con mayor flexibilidad, sino que además potenciaría uno de los instrumentos más poderosos para crear demanda y escalar empresas que tiene un país, sus compras públicas.
La urgencia para debatir una nueva ley es mayor de lo que parece, ya que el contexto se está transformando a una velocidad sin precedentes
Desde ya, este no pretende ser un listado exhaustivo de las cuestiones que ameritan discutirse en el contexto actual, sino ser el puntapié inicial de un debate que no puede esperar. Y que, además, debe nutriste del conocimiento y la experiencia del sector privado, del sistema científico y el mundo académico y de todos los actores que participaron del diseño, ejecución y monitoreo del régimen actual.
Ser pioneros en la adopción de tecnologías ya no es una ventaja competitiva, pasa a ser una condición de supervivencia económica. Argentina tiene un capital humano reconocido globalmente con un potente sistema científico-tecnológico, tiene empresas dinámicas de diverso tamaño con un vigoroso tejido Pyme, y tiene historia de política pública sectorial exitosa. Lo que necesita ahora es una nueva apuesta legislativa que esté a la altura del enorme desafío que nos presenta el mundo hoy, porque el futuro llegó.