La provincia de San Luis, a cargo de Claudio Poggi, impulsó una nueva medida para trabajadores estatales: el narcotest. Se llevarían a cabo exámenes toxicológicos en los tres poderes del estado puntano, incluido al mandatario provincial. ¿Cómo será?
Esto fue confirmado a través de un decreto firmado por Nancy Sosa, ministra de Seguridad provincial. La funcionaria aclaró que el procedimiento será "rápido y sencillo" y servirá para "otorgar transparencia al accionar de la gestión".
El examen consistirá en una prueba de orina que quedará asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) del empleado y buscará detectar sustancias ilegales. Dicho estudio será de carácter obligatorio y se realizará de manera anual y aleatoria.
"Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental", indicó la ministra puntana.
Los funcionarios del Ejecutivo provincial, el Poder Legislativo y el Judicial deberán acatar dicha normativa sin excepciones.
¿Cuales serán las consecuencias para el empleado si el test da positivo?
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades del empleado deberán "aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial".
Ya se llevó a cabo una prueba piloto en la Universidad de San Luis y contó con la participación del gobernador. Poggi fue recibido por secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andújar. "Los resultados estarán en unos días", señaló al final de los mismos.
Uno de los antecedentes se dio este año en la provincia de Córdoba. Allí, el gobernador Martín Llaryora se sometió al examen en el Hospital de San Roque y realizó análisis de laboratorio.
El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.