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El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con Federico Sturzenegger al frente, asistirá al Congreso para activar la agenda legislativa de la cartera. Primero, se abocarán este miércoles al proyecto de Propiedad Privada en el Senado, para después defender la Ley Hojarasca la semana que viene en Diputados.

El ministro, que va por primera vez a exponer bajo la gestión de Milei, estará acompañado de su secretario Alejandro Cacace. La reunión en la Cámara alta está prevista a partir de las 16, mientras transcurre la sesión en Diputados, y todavía aguarda la confirmación la cita en la Cámara baja, aunque las fuentes precisaron que la fecha estimativa es para el martes 14.

Se tratará de la primera vez en mucho tiempo que el Gobierno envía a un funcionario de primera línea a defender sus proyectos, ya que no se expuso ninguno para la reforma laboral, la ley de Glaciares, ni incluso en su momento para tratar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero del 2024.

Desde la Ley Bases, la oposición reclamó la presencia de los ministros como Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano) en reiteradas oportunidades, tanto en el marco de la defensa de los proyectos como por cuestiones de agenda política.

Carlos Guberman (Hacienda) y José Rolandi (exviceministro de Interior), los funcionarios que más fueron al Congreso para defender proyectos de ley

Al margen del jefe de Gabinete, que está obligado por la Constitución a rendir cuentas en el Legislativo, los que sí fueron habitués de la reuniones del Congreso fueron Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad -ahora senadora-; el extitular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y Luis Petri, cuando fue ministro de Defensa -ahora diputado-.

En esta oportunidad, Sturzenegger llega a un Congreso marcado por la coyuntura política que implica las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas que apuntan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los cuestionamientos entorno a los funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA).

Los escándalos dejaron al Gobierno sin una figura que oficie de vocero, al tiempo que buscan aprovechar el marco favorable de alianzas para avanzar en la ambiciosa agenda legislativa que planteó el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa. Sturzenegger irá a romper con ese silencio, mientras que Adorni se prepara para también afrontar al Congreso en el informe de gestión a fines de abril.

Con la activación de las reuniones de comisión en el Senado y la sesión por Glaciares en Diputados, el oficialismo se enmarca a oficialmente empezar a activar el tratamiento de la agenda pendiente. También buscarán avanzar en materia de pliegos militares y judiciales en una sesión este jueves e impulsar a fines de abril el proyecto de Financiamiento Universitario.

Las leyes de Sturzenegger

Propiedad Privada

La llegada del ministro al Senado tiene como eje principal el proyecto de Propiedad Privada, el cual introduce modificaciones sustanciales al Código Civil y Comercial para limitar la discrecionalidad estatal sobre los bienes particulares.

El oficialismo busca establecer criterios de “indemnidad absoluta”, que endurezcan las condiciones bajo las cuales el Estado puede intervenir o congelar activos, una medida que consideran fundamental para atraer inversiones de capital extranjero en sectores estratégicos como la energía y la minería.

En materia de desalojos, el texto propone lo que técnicamente se denomina “desalojo exprés”. El cambio fundamental reside en la velocidad del procedimiento: si el propietario presenta un título de propiedad verificado y se constata la ocupación, la justicia debe ordenar la restitución inmediata del inmueble antes de que se desarrolle el juicio de fondo. Esto pretende terminar con los procesos que hoy duran años, trasladando la carga de la prueba al ocupante y garantizando la disponibilidad del bien de manera sumaria.

En cuanto a las expropiaciones, el proyecto endurece las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar la “utilidad pública”. Se busca limitar la discrecionalidad política del Congreso y del Ejecutivo, exigiendo que la compensación o “justiprecio” se base estrictamente en el valor de mercado real y se abone de manera previa y efectiva.

Además, se introducen cláusulas de retrocesión más ágiles: si el Estado no utiliza el bien para el fin específico declarado en un plazo determinado, la propiedad debe volver a su dueño original sin dilaciones judiciales.

Uno de los puntos más debatidos es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto apunta a derogar las prohibiciones de venta, loteo o cambio de uso de suelo que hoy rigen por 30 o 60 años sobre tierras incendiadas. La reforma propone que, independientemente de si hubo un incendio, el propietario mantenga sus derechos de uso y disposición, dejando la sanción penal exclusivamente para quien sea hallado culpable del foco ígneo.

Milei anunció la apertura para la vacuna contra la aftosa en La Rural y Sturzenegger trabajó en las normas

Finalmente, el eje de tierras rurales busca consolidar la apertura total al capital extranjero, profundizando el camino iniciado por el DNU 70/2023. La ley propone eliminar definitivamente los límites de hectáreas que un ciudadano o empresa extranjera puede poseer en el país, así como las restricciones por nacionalidad o por cercanía a zonas de seguridad de frontera.

Ley Hojarasca

Por su parte, la Ley Hojarasca, que será el plato fuerte en la Cámara de Diputados, propone una limpieza profunda del Digesto Jurídico Argentino. El proyecto identifica más de 60 leyes y decretos dictados desde 1860 que han perdido su razón de ser o funcionan como barreras de entrada a la competencia económica.

Entre las normas a derogar se encuentran regulaciones sobre el comercio de granos, registros industriales obsoletos y limitaciones a la libre contratación que datan de la década de 1940. El equipo de Sturzenegger sostiene que la vigencia de estas “hojarascas” regulatorias impone un costo transaccional invisible que encarece la producción local y fomenta la burocratización de la administración pública.

Entre ellas, la ley 94 de 1864, sancionada hace 162 años atrás, que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona; o la 21.895 de 1978 autoriza las emisiones de televisión en color. También, la ley 18.569 de 1970 implanta el uso de la microfilmación para documentos del Comando en Jefe del Ejército, cuando la microfilmación fue reemplazada por medios digitales hace décadas.

Si bien no asoma a ser una ley conflictiva con la oposición, el enfrentamiento de Sturzenegger será particularmente interesante en materia de privilegios, ya que el ministro propone derogar la ley 20.959, de 1975, que le otorga el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento” a los diputados y senadores. Este punto fue fuertemente criticado, incluso entre los propios libertarios, y denuncian que es injusto que los funcionarios sí puedan mantener su oblea.