Tras la aprobación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Senadores, los diputados libertarios pretendían dictaminar para que el proyecto pase rápidamente al recinto y se apruebe en tiempo récord. Sin embargo, la oposición logró habilitar las audiencias públicas y retrasar al oficialismo. Qué punto clave de la nueva Ley de Glaciares podría modificarse.
La reforma libertaria cambió principalmente la definición de ambiente periglacial y el mecanismo de protección, lo que abre la puerta a más actividad minera.
El nuevo texto reduce el alcance de las zonas protegidas, pasa de una prohibición automática a evaluaciones caso por caso sobre la función hídrica, y otorga mayor poder a las provincias para decidir qué áreas quedan protegidas o pueden explotarse, aunque mantiene la protección de los glaciares y el inventario nacional como referencia técnica.
Nuevos cambios a Ley de Glaciares: el riesgo de controversias entre provincias
El plan original del Gobierno fue apurar el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados, pero durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo debió ceder ante los planteos de diputados opositores y convocó a una audiencia pública para el próximo 25 y 26 de marzo.
En este sentido, fuentes calificadas de La Libertad Avanza indicaron en diálogo con El Cronista que lo que está en el fondo del debate es la injerencia de los gobernadores sobre los recursos naturales.
Según el oficialismo, lo que se está modificando es la autoridad de aprobación, quién tiene que darle el visto bueno a los proyectos vinculados con glaciares y ambiente periglacial.
Asimismo, aseguraron que el texto original se redactó con especial cuidado para evitar que la norma sea frenada en los tribunales. En este sentido, se buscó no modificar el objeto protegido de la ley, y dejar explícito en la redacción que los cambios apuntan a sumar controles y ordenar las competencias, de modo que, si la reforma se judicializa, quede claro que no se reduce la protección ambiental sino que se mantiene el espíritu de la norma.
En este sentido, desde el lado libertario reconocieron que todavía no están cerrados los acuerdos en Diputados y no se descarta que haya alguna modificación.
La posible modificación que se repite en el Palacio Legislativo es la incorporación de un mecanismo de resolución de controversias interjurisdiccionales. El caso típico que mencionan los legisladores es el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel.
El conflicto por el Río Atuel enfrenta a ambas provincias desde que Mendoza construyó represas y desvíos para riego que redujeron el caudal que llega a territorio pampeano. La disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que reconoció que es un río interprovincial y ordenó fijar un caudal mínimo, aunque las provincias aún discuten cuánta agua debe liberar Mendoza.
Por este motivo, la idea sería incorporar algún mecanismo para resolver las disputas. Aun así, los libertarios señalaron en diálogo con este medio que esto no se incluyó en el texto original del Senado porque ya hay una norma vigente bajo la Ley General de Aguas que regula las cuestiones de cuencas hídricas y además la Constitución establece que la Corte Suprema tiene competencia en conflictos provinciales.
“Incorporar algo así ayudaría a que provincias como La Pampa acompañen", indicaron fuentes parlamentarias libertarias en conversaciones con El Cronista.
El tema interjurisdiccional se repitió en el diálogo con la oposición. “Haber logrado que se convoquen audiencias públicas fue un avance. Es lo que manda la Constitución. Desde hoy o mañana se abrirán las inscripciones y creo que es una instancia importante para todos los diputados: tanto para los que rechazan el proyecto como para los que lo acompañan", aseguró Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en diálogo con este medio.
“Las audiencias pueden ser una herramienta para que cada uno tome una decisión final informada”, afirmó Ferraro.
Si bien, desde la oposición saben que La Libertad Avanza tiene un número cómodo en comisiones, ese número no es tan claro en el recinto. Esta habría sido una de las razones para demorar el debate.
“Habrá que ver cómo se desarrolla el proceso en las audiencias públicas y en el plenario de comisiones, y recién ahí evaluar si ese respaldo se sostiene cuando llegue la votación en el recinto”, sostuvo Ferraro, uno de los miembros del plenario de Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.
Para la oposición, aún no está claro si habrá cambios en el texto. “Va a depender mucho de la posición de algunos diputados, algo que se va a ver recién en la sesión”, afirmó Ferraro. Según el diputado, el principal problema de la reforma de la Ley de Glaciares de Argentina es que está redactada de manera apurada y ambigua, lo que podría generar múltiples planteos judiciales.
El legislador cuestionó que la norma deja en manos de cada provincia decisiones que pueden tener impacto interjurisdiccional, especialmente en cuencas hídricas que afectan a más de un distrito, y advierte que se pierde la oportunidad de un debate más serio para compatibilizar desarrollo minero y protección ambiental, además de debilitar el rol técnico de organismos científicos como el inventario nacional de glaciares.
“Más allá de la ley en sí, creo que va a haber debates constitucionales, sobre todo en relación con cuestiones interjurisdiccionales. No todo lo que se decide en una provincia afecta solo a esa provincia: hay compromisos vinculados con cuencas hídricas que pueden impactar en otras jurisdicciones“, expresó Ferraro.
De esta manera, el legislador dio en la clave con el tema que aún sigue sin resolverse, el problema interjurisdiccional. “Las provincias van a tomar decisiones de manera individual y otras provincias que puedan verse afectadas no participarán de esas decisiones. Ahí es donde puede aparecer el conflicto”, concluyó.