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La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó esta semana el recurso de Compañía Argentina de Granos S.A. contra la Dirección General de Aduanas, en una disputa por derechos de exportación de u$s 172.985,12 correspondientes a una operación oficializada el 30 de julio de 2012, porque la empresa planteó fuera de tiempo el cuestionamiento al Decreto 100/2012, y el tribunal le impuso además las costas.
Según el contador Héctor Tristán, de Tristán y Asociados, la sentencia llegó cuando distintos pronunciamientos venían reconociendo a las agroexportadoras el derecho a recuperar derechos de exportación ingresados indebidamente, y por eso “introduce una advertencia que merece especial atención”. Tristán sostuvo que “no alcanza con disponer de argumentos jurídicos sólidos. También resulta indispensable formularlos correctamente y en el momento procesal oportuno”.
Qué se discutía y dónde se trabó el reclamo
La controversia comprendía la aplicación de derechos de exportación establecidos mediante distintas disposiciones, entre ellas la Resolución 181/2008 y el Decreto 100/2012, que fue dictado en enero de 2012 y estaba vigente cuando se oficializó la exportación cuestionada.
La empresa había solicitado la devolución de lo pagado y después intentó ampliar el objeto de la controversia para cuestionar ese decreto, un planteo que no había introducido oportunamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
La Cámara consideró que ese cuestionamiento no integró oportunamente el objeto del litigio. Tristán explicó que “su incorporación posterior implicaba modificar los términos de la controversia y colocar a la contraparte frente a una cuestión que no había podido debatir en la etapa correspondiente”.
Para resolver, el tribunal aplicó el principio de congruencia procesal. El contador subrayó al respecto que “en términos sencillos, este principio exige que los jueces resuelvan sobre las cuestiones efectivamente planteadas y debatidas por las partes. No pueden modificar libremente el objeto del litigio ni pronunciarse sobre pretensiones introducidas fuera de las oportunidades previstas por el procedimiento”.
Y añadió que “no estamos frente a una formalidad irrelevante. La congruencia protege el derecho de defensa y garantiza que ambas partes conozcan con precisión qué se está discutiendo”.
El artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece límites a las cuestiones que pueden someterse a decisión de un tribunal de apelación, y la Cámara, en consecuencia, rechazó el recurso e impuso las costas a la empresa.
Lo que el fallo no dijo sobre las retenciones
Uno de los puntos centrales del análisis de Tristán es que la Cámara no entró a resolver si el decreto era constitucional. “Lo verdaderamente significativo es que el tribunal no resolvió que el incremento tributario cuestionado fuera constitucional”, planteó.
Según el contador, “sería equivocado interpretar esta sentencia como un cambio de criterio respecto de los límites constitucionales para establecer derechos de exportación”.
En esa línea, Tristán recordó que existen otros antecedentes en los que el mismo Decreto 100/2012 fue cuestionado con éxito. Entre ellos se cuenta un pronunciamiento de octubre de 2025 en la causa promovida por Bunge Argentina, en el que se lo declaró inconstitucional para el caso concreto y se reconoció el derecho a recuperar los derechos de exportación ingresados bajo esa disposición.
Por eso, según el contador, el resultado adverso para Compañía Argentina de Granos “no debe interpretarse como una convalidación general de las retenciones establecidas mediante el Decreto 100/2012”.
La sentencia, agregó, deja en evidencia que “las condiciones particulares de cada expediente pueden determinar soluciones distintas, incluso cuando las controversias se relacionan con una misma norma tributaria”.
El contraste con Louis Dreyfus y Aceitera General Deheza
El fallo contrasta con otras decisiones favorables a los exportadores. En el caso de Louis Dreyfus, la Corte Suprema rechazó el recurso de la Aduana y dejó firme una sentencia de Cámara que había reconocido a la exportadora el derecho a recuperar diferencias por retenciones aplicadas durante 2007 y 2008.
En el de Aceitera General Deheza, la Sala II declaró inconstitucional, para la operación discutida, el Decreto 131/2022, que había elevado del 31% al 33% los derechos de exportación de determinados subproductos de soja.
En ambos expedientes la discusión giró en torno del principio de legalidad tributaria y de las limitaciones constitucionales a las facultades del Poder Ejecutivo. En el caso de Compañía Argentina de Granos, en cambio, el tribunal no llegó a esa discusión. Tristán lo resumió al afirmar que “aun cuando exista jurisprudencia favorable sobre una determinada cuestión tributaria, cada contribuyente debe cumplir las exigencias procesales para obtener una decisión sobre el fondo”.
Los eclamos que se arman años antes del fallo
Para el contador, el problema tiene raíz en la forma en que se desarrollan estos juicios. “Los reclamos de repetición suelen originarse en operaciones realizadas varios años antes de que exista una definición judicial”, aseveró.
En ese lapso pueden aparecer sentencias de Cámara o decisiones de la Corte que fortalezcan la posición del exportador, pero eso no habilita a cambiar lo que se pidió en un principio. “La aparición de jurisprudencia favorable no permite necesariamente modificar el objeto original del reclamo”, sostuvo al respecto.
La frontera entre lo que se puede sumar y lo que no, según Tristán, es el punto crítico. “Existe una diferencia fundamental entre incorporar nuevos fundamentos jurídicos para sostener una pretensión oportunamente formulada y agregar posteriormente una pretensión distinta que no fue sometida al debate inicial”, explicó.
Sobre esa base, el contador detalló qué debería revisar una empresa antes de iniciar un reclamo. Según Tristán, “antes de iniciar un procedimiento de repetición, resulta indispensable identificar cada norma cuestionada, los permisos de embarque involucrados, las alícuotas aplicadas, las diferencias reclamadas y los fundamentos de la pretensión”.
A esto se suma analizar en qué momento corresponde introducir las impugnaciones constitucionales. “No se trata solamente de calcular cuánto pagó de más una empresa, sino de construir adecuadamente el camino jurídico que permita recuperar esos importes”, advirtió.
El costo de un error procesal
Los derechos de exportación representan importes significativos para las empresas agroindustriales y, cuando se discute su legalidad, Tristán señaló que “los reclamos pueden involucrar sumas importantes, intereses acumulados durante años y costos profesionales asociados a procedimientos administrativos y judiciales prolongados”.
En ese contexto, el contador advirtió que “una decisión desfavorable por razones procesales puede impedir que el contribuyente obtenga una respuesta judicial sobre la cuestión constitucional que pretendía discutir”. A eso se suma el efecto de las costas, ya que, “la imposición de costas incrementa las consecuencias económicas del resultado”.
Así, “la planificación tributaria no termina con la correcta liquidación de los impuestos. También comprende la adecuada preservación y defensa de los derechos frente a eventuales controversias con la administración”, remarcó.
Dos principios que conviven
Según Tristán, los fallos recientes sobre derechos de exportación “muestran dos dimensiones complementarias del sistema tributario argentino”. Por un lado, los tribunales vienen examinando los límites constitucionales de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer o incrementar retenciones. Por otro, recuerdan que el ejercicio del derecho a reclamar está sujeto a procedimientos, plazos y reglas que deben respetarse.
El contador planteó que “no existe contradicción entre ambas conclusiones”. “El principio de legalidad protege al contribuyente frente a impuestos establecidos sin suficiente respaldo legislativo. El principio de congruencia protege la regularidad del proceso y el derecho de defensa de las partes”, sostuvo.
La principal enseñanza del caso, en su opinión, es que “la defensa de los derechos tributarios comienza mucho antes de llegar a una Cámara de Apelaciones”. Y completó con una descripción del riesgo que enfrenta un exportador.
“Una empresa puede contar con argumentos constitucionales relevantes y antecedentes jurisprudenciales favorables. Pero si no delimita correctamente su reclamo desde el comienzo, corre el riesgo de que los jueces nunca lleguen a examinar esos argumentos”.
“En materia de repetición de impuestos, tener razón sobre el fondo puede no ser suficiente. También es necesario haber reclamado correctamente”, afirmó.