Héctor Adrián Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007, fue procesado ayer por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos en la causa de la mafia de los medicamentos. La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien responsabilizó a Capaccioli de haber otorgado unos 48 millones de pesos a 52 obras sociales para ser destinados a programas de prevención de las enfermedades, pero sin explicar el criterio utilizado para seleccionar a esos entes de salud. También le achacó haber gastado dinero de la caja chica de la Superintendencia de manera superflua, como un strapless, un lupa por 500 pesos y mates por 1.300 pesos que -según Capaccioli- eran regalos de cortesía protocolares (ver aparte). La medida judicial se tomó a doce días del giro de 240 millones de pesos realizado por el Gobierno a las obras sociales sindicales para la cobertura de tratamientos médicos complejos, como parte de la ejecución presupuestaria de la Administración de Programas Especiales (APE), y en cumplimiento parcial de una promesa hecha por la presidente Cristina de Kirchner al jefe de la CGT, Hugo Moyano, de enviar un total de 1.000 millones. Ese mismo fondo es el que manejaba Capaccioli de manera cuestionable según el juez. Para la malversación que se le imputa a Capaccioli, el Código Penal contempla penas que van hasta los tres años de cárcel, aunque en una variante de esa figura podría llegar hasta los 10 años: eso en el caso de que se comprobara que sustrajo esos fondos que tenía a su cargo para administración, percepción o custodia. En cuanto al otro cargo que se le imputa abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos la ley contempla una condena de un mes a dos años. Además, el juez Oyarbide le impuso un embargo de 500 mil pesos y también dispuso el procesamiento de tres de los funcionarios que acompañaron al ex recaudador K en la SSS. Se trata de Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar subgerente y gerente de Gestión Estratégica de la SSS, respectivamente y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos de ese organismo. A Scopinaro también se le imputó haber viajado a España y a Grecia con su familia en travesías pagadas por un laboratorio a cambio de incluir medicamentos de esa empresa en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y haberse desempeñado en la SSS mientras cobraba haberes como funcionario la ex Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Además de manejar la SSS, Capaccioli un dirigente de origen gremial, proveniente del sindicato de operadores de radio y trabajadores de las comunicaciones (AATRAC) fue uno de los responsables de la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Precisamente, muchos de los fondos que engrosaron la campaña de Cristina vinieron del rubro farmacéutico e incluso uno de los detenidos más importantes por la mafia de los medicamentos, el empresario Néstor Lorenzo, figura como uno de los aportantes.