Mientras el Gobierno busca consenso para renovar la legislación, un sector en crisis advierte que Argentina se encamina a un récord negativo con un estimado de 260.000 juicios laborales en 2025 pero aseguran que una nueva ley no es la solución.
Del total de 260.000 demandas que afrontan las empresas – pymes, medianas y grandes- la mitad, unos 130.000 casos por año, recaen en el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) que se creó en 1996 para aliviar al sector privado y evitar el riesgo económico y financiero de la siniestralidad en el ámbito del trabajo.
Actualmente, este sistema que cubre a 10 millones de trabajadores se encuentra entre la espada y la pared: cumplir con la mayor demanda de cobertura por el alza de la litigiosidad sin poder trasladar los costos reales.
“El nivel de crecimiento exponencial de la litigiosidad no se corresponde con la gestión del sistema ni las variables de actividad y empleo”, señaló Mara Bettiol, titular de la Unión de ART (UART) y contrastó con datos: los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%.
La ejecutiva aseguró que trabajan en la incorporación de mejoras para presentar en el debate laboral que será clave para el oficialismo en 2026, aun así, puso el foco en la reforma de la Ley 27.348, en 2017.
Esta modificación, luego de un largo debate, buscaba fortalecer las comisiones médicas administrativas y ordenar las pericias en el ámbito judicial, previendo incluso la constitución de cuerpos médicos forenses.
Este último paso, aún está pendiente. La titular de UART recorre despachos a lo largo del país para poner en dimensión la problemática. En ese raid, fue recibida por el Ministro de Economía, Luis Caputo, quien se refirió a la problemática de la litigiosidad laboral recientemente.
“Estaremos abocados a hacer crecer al mercado asegurador. Estamos pensando en bajar las cargas patronales y reemplazarlo por un fondo de cese y colaborar en bajar la industria del juicio”, dijo Caputo durante el evento anual del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS).
Si bien el titular de Hacienda no tiene injerencia directa en el tema, desde UART, aseguran que mostró interés en lograr bajar la estadística ya que “la alta litigiosidad laboral tiene un impacto significativo en el costo empresario y la competitividad”.
Incapacidad en la mira
Cuando un trabajador sufre un accidente y se evalúa una posible incapacidad permanente, el proceso inicia con la ART y luego pasa por la comisión médica, que depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si el trabajador no está conforme con el dictamen administrativo, puede recurrir a la justicia.
En el ámbito judicial, la evaluación recae en un perito “de lista”, seleccionado por sorteo y externo al sistema. Estos peritos, cuyos honorarios están vinculados al resultado del juicio, a menudo dictaminan porcentajes de incapacidad significativamente mayores a los establecidos por las comisiones médicas, explicó Bettiol a El Cronista.
Se ha observado que casos con 0% de incapacidad en la comisión médica ya sea por una lumbalgia o esguince curados, pueden saltar a 14% o 15% en la justicia. Además, no existe un control efectivo sobre estos peritos, cuestionó y agregó que no siempre aplican adecuadamente los parámetros de ley para evaluar la incapacidad.
En este punto, la titular de UART explicó que el sistema en Argentina es amplio en materia de cobertura al 100 % del salario y desde más de 0% de incapacidad a diferencia de otros países como España (a partir del 33% de incapacidad) o Chile (a partir del 15%).
Un círculo vicioso
Si bien se mostró a favor de las características del sistema local, más beneficiosas para el trabajador, cuestionó el “abuso” por parte de los peritos y el sistema judicial que “apalanca” un “círculo vicioso”.
La indemnización por discapacidad se calcula mediante una fórmula establecida por la ley: 53 salarios por el porcentaje de incapacidad por 65 sobre la edad de la persona. Aproximadamente, por cada punto de incapacidad, el trabajador cobra un salario promedio en blanco, que ronda entre 1.500.000 y 1.600.000 pesos.
El proceso es gratuito para el trabajador, y en el 87% de los casos, las sentencias son desfavorables para la parte demandada (empresas o ART).
Igualar criterios
Aunque existen rasgos particulares en cada región como por ejemplo el estrés en la ciudad de Buenos Aires que suma un “plus”, desde UART plantean que es clave la constitución de cuerpos médicos forenses – establecida en la ley de 2017-, donde peritos contratados por el Poder Judicial y con honorarios fijos, utilizarían baremos y listados para objetivar el daño.
Aunque 18 provincias adhirieron a esta ley, la mayoría no ha implementado estos cuerpos médicos. Esto permite que cada caso se resuelva según el criterio del perito y las actualizaciones del juez, generando una atomización de decisiones.
Se estima que, para financiar este sistema las alícuotas de las ART, deberían aumentar un 80%, lo cual es “”inviable en el contexto económico actual, remarcó Bettiol. Esta situación es parte de lo que el sector privado identifica como el “costo argentino” artificialmente elevado que “desincentiva la inversión y la generación de empleo”.
La solución a este problema insistió la ejecutiva, no radica en nuevas leyes, sino en el cumplimiento de las normativas ya existentes. La implementación de los cuerpos médicos forenses y la aplicación de criterios unificados para la evaluación de la incapacidad son pasos “cruciales” para reducir la litigiosidad y “garantizar un sistema de riesgos del trabajo más justo y eficiente”.
La justicia de cada provincia, destacó, tiene la responsabilidad de poner en marcha estos cuerpos médicos, un paso que aún está pendiente en la mayoría de las jurisdicciones que adhirieron a la ley.
