La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei incluye una de las medidas estructurales que, durante años, han pedido diversas cámaras empresarias y que se condensa en la reducción de las contribuciones patronales. El proyecto alcanza tanto a las cargas que financian el sistema previsional como a las contribuciones a la seguridad social y a las obras sociales.
Para el empresariado, es una noticia largamente esperada. Para el sindicalismo, un golpe directo al financiamiento del trabajo formal. Además tendrá un impacto directo sobre la recaudación del sistema previsional.
Las primeras estimaciones realizadas por especialistas hablan de hasta un punto del Producto Bruto.
Según el último borrador que circuló de manera extraoficial, la contribución patronal total quedaría en 17,40% para grandes empresas de comercio y servicios y en 15% para el resto del sector privado. En la actualidad, según ARCA, esas alícuotas son de 20,40 y 18 puntos respectivamente. La reducción entraría en vigencia al mes siguiente de la promulgación.
Además, el proyecto recorta la contribución obligatoria a obras sociales: el inciso “a” de la Ley 23.660 se reemplaza por una alícuota del 5% sobre la remuneración, un ajuste que disminuye los recursos de los prestadores pero, especialmente, de las obras sociales sindicales.
Si se aprueba, sería la modificación más profunda del esquema de aportes y contribuciones desde la convertibilidad.
Reducción de los aportes patronales: cuál es su impacto
La baja de cargas es un punto que las cámaras empresarias sostienen desde hace décadas. Argumentan que la Argentina mantiene uno de los costos laborales no salariales más altos de la región, lo que desalienta la contratación y empuja a la informalidad.
Hace pocos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje dirigido al sector productivo, dijo que las reformas laborales y tributarias buscan “bajar las cargas patronales y generar las condiciones para un crecimiento sostenido”.
Para muchos ejecutivos, el esquema actual “penaliza” a quienes generan empleo formal, porque cada trabajador implica una carga adicional difícil de sostener en períodos de recesión o de caída del consumo.
Del otro lado, los sindicatos advierten que la reducción tendrá efectos inmediatos sobre las cajas previsionales y, sobre todo, sobre las obras sociales, cuya sustentabilidad ya estaba tensionada por inflación y aumento de costos médicos.
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, cuestionó la iniciativa y señaló que el Gobierno “ni siquiera convocó” a la central para discutir la reforma. Además, sostuvo que antes de bajar aportes debería discutirse un esquema tributario integral: “Las pymes ya tienen entre 30% y 40% de sus ventas comprometidas en impuestos”.
Para la CGT, el recorte impactará en jubilaciones futuras, en la cobertura de salud y en la protección social financiada por las contribuciones actuales. Temen que la “competitividad por costos” derive en una desfinanciación estructural del sistema.
Otros cambios en la reforma laboral: blanqueo laboral y condonación de deudas
En paralelo, el proyecto incluye un régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) que permite regularizar relaciones no declaradas o deficientemente registradas.
La propuesta contempla:
- Condonación mínima del 70% de las deudas por aportes y contribuciones.
- Eliminación de multas y sanciones.
- Baja del REPSAL para empresas que regularicen a todos los trabajadores involucrados.
- Planes de pago de hasta 72 cuotas, con tasa máxima del 12% anual.
Este punto es leído por el empresariado como una oportunidad para “limpiar” pasivos laborales acumulados. Para los gremios, es un perdón fiscal de gran escala que beneficia a quienes incumplieron la ley.