La oferta presentada por Argentina ayer ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para que revise el fallo del juez Griesa, y que obliga a pagar U$S 1.300 millones a los fondos NML Capital y Aurelius, busca como objetivo principal revertir el fallo del Juez Tomas Griesa del 22 de noviembre pasado, al invocar la teoría del pari passu.

La cláusula de pari passu en el ambiente de las finanzas hace referencia al compromiso que adquiere el emisor de un empréstito o título de no otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables sin hacer beneficiarios de las mismas a los adquirentes del referido empréstito. El 23 de febrero de este año, el juez de Nueva York, Thomas Griesa, permitió al fondo NML Capital utilizar en forma inusual la famosa cláusula pari passu y a partir de allí se desencadenó el conflicto.

El escrito también incluye la posibilidad de una nueva reapertura del canje de la deuda. Pero la propuesta del Gobierno diseñada entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario Legal y Técnico Carlos Zanini y el ministro Hernán Lorenzino, busca revertir ese fallo y volver la situación a foja cero.

En la presentación, el Gobierno argentino plantea el “en banc”, que es una revisión de la decisión de fondo. Este es un proceso -o una posibilidad-, y tiene como resultado posible revertir la primera decisión de la Cámara de Apelaciones, que ya dijo que no hay violación de pari passu por lo tanto la resolución de Griesa es irrelevante. Se plantea que la clausula de pari pasu no fue puesta en el prospecto de la deuda para proteger al acreedor que quedaba afuera del canje como supone Griesa.

La Argentina establece que “la interpretación de pari passu de Griesa es incompatible frente a los mecanismos de reestructuraciones de deuda, y esta una postura que sumó apoyos desde el exterior y de bancos locales a la Argentina en su postura frente a los fondos buitre. “Argentina entiende el deseo del tribunal de resolver este litigio de larga duración y está preparada para hacer lo que pueda para poner fin”, afirma el documento, y que también explica en detalle que la orden del Juez Tomas Griesa es violatoria del principio de equidad con los tenedores de bonos que entraron en el canje.

El escrito argumenta que “los fallos del juez Thomas Griesa y de la misma Cámara que apuntan a efectuar pagos a tenedores de deuda en default que no aceptaron las reestrucutraciones interfieren en forma ilegal con su inmunidad como Nación soberana y que afectan de manera impropia a terceras partes -los bonistas que ingresaron al los canjes y distintas entidades financiera".

El texto agrega además que “cualquier otra solución es contraria a la ley argentina y la política pública y abriría la puerta a más litigios amenazando la deuda reestructurada en la cual entraron los acreedores del 92% de la deuda en default de la República”.

La argumentación del gobierno argentino busca demostrar que el fallo de Griesa les quita todo sentido a las reestructuraciones y no habría incentivo para que los bonistas ingresen al canje.

El escrito hace referencia a la alternativa de reabrir el canje y suspender la Ley Cerrojo, pero esta propuesta está supeditada a que la Cámara de Apelaciones obligue a entrar en la operación a los fondos buitre.

La presentación argentina se focalizó en el perjuicio que implica para el 93% de los bonistas que aceptaron el canje, con quita de capital e intereses y ampliación de plazos, el reconocimiento de tenencias en default de los fondos buitre. La Argentina argumentó que debería ser el más alto tribunal del Estado de Nueva York el que determine el tema.