Ley de Bosques: el mapa del impacto provincia por provincia y qué sectores se benefician

En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó algunas de las nuevas medidas del Gobierno en materia de reformas. Entre ellas, dio a conocer que modificarán la Ley de Bosques. La recategorización de áreas protegidas podría dar curso a una amplia explotación por diversas industrias, lo que generó reacciones desde sectores ambientales.

Los cambios que proyecta el gobierno buscarían recategorizar zonas que hoy están catalogadas como Categoría II (Amarillo), que actualmente solo permiten aprovechamiento sustentable pero no cambio de uso de suelo.

La reforma limitaría la prohibición de desmonte estrictamente a los bosques nativos definidos por el ordenamiento territorial de cada provincia, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones para autorizar proyectos productivos en áreas antes protegidas. Además, se ratificó la intención de revisar los mecanismos de asignación del Fondo Nacional para la Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.

En este sentido, el cruce entre el informe 2025 de Greenpeace y los anuncios del Gobierno revela dónde impactarían los cambios en la normativa: más de 210.000 hectáreas ya afectadas, con foco en el norte y presión de los agronegocios, la minería y el negocio inmobiliario. Los cambios normativos impactarían directamente sobre las provincias con mayor pérdida forestal reciente.

El dato estructural es contundente: durante 2025 se perdieron 210.702 hectáreas de bosques en el norte argentino, un 40% más que el año anterior. La mayor parte de ese avance se concentra en la región del Gran Chaco, donde la frontera productiva avanza sobre zonas que hoy están protegidas.

Ley de Bosques: cuál es la “zona cero” por desmontes, ilegalidad y recategorización

Según el informe, llevado a cabo por Greenpeace, el caso más extremo de desforestación se da en Santiago del Estero con 104.474 hectáreas afectadas en 2025, siendo el 80% de los desmontes ilegales. En términos prácticos, esto implica que buena parte de la actividad que hoy ocurre por fuera de la ley podría quedar regularizada si se habilitan recategorizaciones provinciales.

El fenómeno no es aislado. Chaco, Salta y Formosa completan el núcleo duro del problema, con pérdidas que superan las 30.000 hectáreas cada una. Detrás del conflicto ambiental aparece un vector económico claro: la necesidad de generar divisas.

Según el informe, la principal causa de la deforestación es el avance de la ganadería intensiva y la soja transgénica. Ambos sectores están orientados a exportación, principalmente hacia Asia y Europa. En ese contexto, la flexibilización de la Ley de Bosques funciona como una herramienta para expandir la frontera agroindustrial y facilitar inversiones.

El punto de fricción es que esta estrategia choca con los compromisos internacionales de Argentina en materia climática, particularmente la meta de “deforestación cero” hacia 2030.

Provincia por provincia: dónde impacta y quién gana

En Santiago del Estero, el eje del cambio está en la recategorización de zonas amarillas, que podría legalizar gran parte del desmonte que hoy ocurre por fuera de la norma y otorgar seguridad jurídica a actividades actualmente clandestinas. Este escenario beneficiaría principalmente a pools de siembra, fondos agropecuarios y grandes jugadores del negocio de soja y maíz, como Cresud y otros grupos con fuerte presencia territorial.

El dato que dimensiona el impacto es que en 2025 la provincia registró 104.474 hectáreas afectadas y concentra la mayor proporción de desmontes ilegales del país.

En Chaco, la flexibilización permitiría avanzar con cambios de uso del suelo en áreas actualmente protegidas, habilitando una expansión de la frontera productiva. Los principales beneficiados serían la industria forestal, especialmente tanino y maderas dura, y frigoríficos exportadores interesados en ampliar la superficie de pastoreo. En esa provincia, la pérdida alcanzó las 38.392 hectáreas en 2025.

El caso de Salta muestra otro tipo de presión: la recategorización facilitaría el desarrollo de infraestructura vinculada a la minería en zonas de Yungas, reduciendo restricciones ambientales para caminos, tendidos eléctricos y obras logísticas. Esto favorecería a empresas ligadas al litio y al cobre, además de productores de legumbres orientados a exportación. En paralelo, la provincia registró 34.067 hectáreas afectadas durante el último año.

En Formosa, el cambio normativo consolidaría corredores logísticos y la expansión agroindustrial, en una provincia que ya presenta un ordenamiento territorial cuestionado por su flexibilidad. Constructoras de obra pública, agronegocios y el sector ganadero aparecen como los principales beneficiarios. Allí, la superficie afectada en 2025 fue de 33.769 hectáreas.

El escenario es distinto en Córdoba y la Patagonia, donde el foco no está en la recategorización sino en la eliminación de restricciones al uso de tierras incendiadas. La posibilidad de habilitar su explotación inmediata abre oportunidades para desarrolladores inmobiliarios, especialmente en zonas serranas, el turismo de alta gama y proyectos energéticos. En conjunto, estas regiones concentran 116.498 hectáreas quemadas en el último año.

En este contexto, el debate por la Ley de Bosques excede lo ambiental y redefine el uso del territorio y el modelo productivo. El mapa que surge de los datos es claro: las provincias con mayor pérdida forestal son también aquellas donde la reforma tendría efectos más inmediatos.

El debate por la Ley de Bosques no se limita a una discusión ambiental: redefine el uso del territorio y el modelo productivo.