El Consejo de Mayo difundió el documento en el que recoge el producto de meses de debate respecto de los puntos fijados por el presidente Javier Milei en julio de 2024 y, entre ellos, le dedica un extenso capítulo a las propuestas para reformular, de manera integral, el mundo laboral en el país.
Se trata de un diagnóstico integral sobre el mercado laboral, un insumo técnico que busca orientar la reescritura del marco regulatorio vigente. El Gobierno de Javier Milei ya agregó la cuestión en el listado para las sesiones extraordinarias del Congreso.
El documento, elaborado en las reuniones de las que participaron representantes de sindicatos, empresarios, legisladores y gobernadores, plantea que el sistema laboral argentino “no genera empleo” y acumula “rigideces y sobrecostos” que explican tanto el estancamiento del trabajo formal como la persistencia de una informalidad que supera el 50 por ciento desde hace más de una década.
El informe parte de un consenso amplio entre los consejeros como es la necesidad de modernizar las normas laborales para recuperar la capacidad de creación de empleo privado. Según interpretan, se trata de un sistema “sobrecargado de impuestos, peajes, restricciones y multas”, que termina “desincentivando” la contratación y empujando a una parte significativa de la fuerza laboral a la precariedad.
En un tramo de tono inusualmente frontal para un documento institucional, el informe sostiene que el empleo formal se volvió “un vergel del que todos extraen rentas”, donde conviven “caranchos, burócratas, sindicalistas, cámaras y litigantes”, mientras que el trabajador y el empleador “pagan la fiesta”.
Ese registro, que convive con análisis técnicos y referencias comparadas, busca enmarcar un diagnóstico político-económico: las resistencias a cualquier cambio profundo no derivan solo de desacuerdos conceptuales, sino también de los intereses creados alrededor del statu quo.
Aun así, el Consejo deja constancia de que el consenso no fue total. La CGT se expresó en contra de cualquier reforma y envió una carta formal que se incluye como anexo.
Sin embargo, se aclara que el representante sindical en el consejo, Gerardo Martínez, se mostró a favor de redefinir beneficios no remunerativos, de aceptar remuneraciones variables por mérito, de la creación de fondos de cese sectoriales y de actualizar los regímenes de vacaciones, licencias e indexación de créditos laborales.
A partir de ese marco, el informe identificó tres problemas centrales del mercado laboral argentino.
El primero es la alta carga tributaria y la proliferación de “peajes” privados, que hacen que, en promedio, el salario de bolsillo represente apenas el 60 % del costo total que enfrenta un empleador. Este desfasaje —que combina impuestos, aportes, contribuciones y cargas adicionales surgidas de convenios colectivos—, según el Consejo, opera como un desincentivo directo a la formalización.
El segundo eje es el de los altos costos de entrada y salida del empleo formal. El documento reconoce los avances de la Ley Bases —como la eliminación de multas y la habilitación de fondos de cese sectoriales—, pero subraya que, a más de un año de su aprobación, ningún sector adoptó un esquema propio.
El Consejo atribuye esa inercia a la falta de previsibilidad jurídica y a que los actores tienden a recurrir al Estado antes que negociar soluciones cooperativas, aun cuando existan modelos exitosos como el sistema de la construcción.
El tercer problema es la rigidez de las negociaciones laborales, en particular la estructura centralizada de las paritarias, que fija salarios a nivel nacional sin tomar en cuenta diferencias de productividad regionales.
El informe recurre a evidencia internacional —como los casos de Italia y Alemania— y a modelos calibrados para Argentina que muestran que los salarios uniformes generan un desajuste mayor en provincias de menor productividad, donde la tasa de empleo podría ser entre 10 y 20 puntos más alta si las negociaciones fueran más descentralizadas.
A esto se suma la ultraactividad indefinida de convenios firmados hace décadas, que traban la actualización del marco laboral.
Finalmente, el documento anticipa que, sobre la base de este diagnóstico, se evaluaron propuestas de sindicatos, empresarios y bloques políticos, que van desde la reducción de litigiosidad y mayor flexibilidad negociada en PyMEs, hasta la creación de regímenes específicos para trabajadores de plataformas, incentivos fiscales, cambios en la estructura sindical y modernización de la Ley de Contrato de Trabajo.
Reforma laboral: qué propone el proyecto del Gobierno
Luego del análisis, los consejeros se centraron en siete propuestas concretas en torno a la ultraactividad; la prelación de los convenios; la Carga fiscal; el Derecho Colectivo; el Derecho de trabajo individual; los trabajadores autónomos; y el trabajo Agrario.
La ultraactividad es un término técnico que supone que los convenios colectivos de trabajo siguen rigiendo aún cuando se encuentren vencidos y, por sobre todo, que no existe un mecanismo para obligar a las partes a renegociarlo.
“Con la eliminación de esta renovación automática, las cámaras empresariales y los sindicatos deberán reunirse nuevamente para negociar los convenios”, señalan en el Consejo.
Se busca que los empleadores cuenten con la oportunidad de revisar y actualizar sus obligaciones, “muchas de las cuales fueron establecidas hace casi medio siglo”.
También se busca modificar el orden de prelación de los convenios colectivos.
Actualmente, los convenios de ámbito nacional prevalecen sobre los de ámbito regional o de empresa. Eso genera que lo que se firme a nivel nacional sea más importante que aquello que pueda suscribirse en una región o en una empresa.
“La propuesta busca invertir esta prelación, otorgando prioridad a los convenios de menor ámbito. Esto permitirá adaptar las normas colectivas a las realidades locales, respetando las características económicas, productivas y laborales de cada zona”.
La reducción de la carga laboral en tres puntos de los aportes será aplicado a aquellos empleadores que participen del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que se traducirá un fondo de ahorro previo para uso en el caso de contingencias laborales.
También se proponen medidas orientadas “a garantizar los derechos de la sociedad frente a acciones sindicales desproporcionadas que puedan afectar el interés general”.
En este sentido, los consejeros proponen garantizar que ciertos servicios “que son esenciales para la sociedad no se vean afectados por medidas de fuerza”.
También hablan de fortalecer la seguridad jurídica, “mediante modificaciones y precisiones largamente necesarias en la normativa laboral”.
“Que sin menoscabar los derechos de los trabajadores, las empresas cuenten con un marco normativo claro y previsible, que garantice el derecho de defensa y reduzca la litigiosidad infundada que, en algunos casos, pone en riesgo la continuidad de las actividades productivas debido a la interpretación laxa de la prueba por parte de ciertos tribunales laborales”.
Quizá lo más llamativo sea el párrafo destinado al trabajador de plataformas, al que llaman “independientes”. Se propone que se les permita acceder a ciertos derechos, como seguros viales, sin que ello implique una relación laboral de dependencia.
También se incorporó un capítulo con modificaciones al contrato de trabajo agrario para “adecuarlo a las características puntuales de esta modalidad que en muchos casos tiene una estacionalidad o discontinuidad prefigurada”.
Sin embargo, el punto más extenso es aquel dedicado a las “derogaciones” que, entre otros cambios, sugiere:
- Registración: Se crea un sistema digital único, sin exigencias adicionales a las definidas por ARCA.
- Indemnización: Se mantiene la fórmula clásica de un mes por año. Se actualiza el cálculo de intereses.
- Fondos de Asistencia Laboral (FAL): Se crean fondos (3% del salario base) administrados por entidades reguladas por la CNV, con reducción equivalente en contribuciones al SIPA.
- Reclamos: Se prohíben daños y perjuicios por vía del Código Civil y Comercial.
- Propinas: No son remunerativas.
- Salarios dinámicos: Se habilitan componentes variables por mérito y desempeño.
- Transparencia: El recibo debe reflejar todos los conceptos pagados.
- Extinción por mutuo acuerdo: Si pasan dos meses sin manifestación de continuidad en contratos continuos y permanentes, se considera extinción de común acuerdo.
- Recontratación: Se elimina la presunción de fraude para reincorporaciones de trabajadores que renunciaron; se aclara el cómputo de antigüedad.
- Remuneración: Pago electrónico, en pesos o en moneda extranjera. Se precisan definiciones de salario, beneficios sociales y excepciones para reducir litigios.
- Vacaciones: Se habilita fraccionar, con un mínimo de 7 días consecutivos.
- Huelga y servicios esenciales: Se mantiene el esquema restrictivo del DNU 70/23.
- Banco de horas: Se habilita por acuerdo entre partes, respetando descansos legales.
- Economía de plataformas: Se crea un régimen específico que reconoce la independencia de los repartidores.
- Asambleas: Se regulan para evitar paros encubiertos.
- Bloqueos: Se consideran infracciones muy graves, siguiendo el DNU 70/23.
- Sindicatos de empresa: Se facilita la obtención de personería.
- Horas de delegados: Se limita a 10 horas por mes.
- Tutela sindical: Se precisan límites y alcances.
