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La discusión sobre la reforma laboral dejó de ser un debate preliminar para convertirse en un conflicto abierto. A pocos días de que el Gobierno presentara su proyecto en el Congreso, un sector estratégico de la industria activó su capacidad de presión y lanzó una medida de fuerza nacional, con paro y movilización, en rechazo a los cambios propuestos en el régimen laboral.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), también conocidos como “aceiteros”, anunció una huelga nacional con paro activo y movilización a partir de las 0 horas del jueves 18 de diciembre, en coincidencia con la movilización de la CGT, que no convocó a la huelga. ATE, que agrupa a los trabajadores del Estado, es el otro sindicato que concurrirá a la marcha en medio de un paro. Aceiteros sostuvo que la iniciativa oficial “pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos” y definió la reforma como “regresiva”.
En un comunicado difundido este martes, el gremio afirmó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo avanzó sobre “tres niveles de ataque” contra los derechos laborales. Según planteó, el primer eje apuntó a modificar la negociación colectiva para “destruir los convenios colectivos de actividad”, promover acuerdos por empresa y fragmentar la representación sindical. También denunció la intención de eliminar la ultraactividad de los convenios.
“El gobierno pretende refundar la relación capital-trabajo”, advirtió la Federación, y señaló que ese objetivo se expresó en un intento de “debilitar al colectivo obrero” mediante cambios estructurales en el sistema de relaciones laborales.
Otro de los puntos cuestionados fue la eventual restricción del derecho de huelga. El gremio alertó que el proyecto incluyó la ampliación de las categorías de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental” a la mayoría de las actividades industriales, lo que obligaría a garantizar niveles de funcionamiento de entre el 50% y el 75%. Para la organización, esa exigencia implicó “una prohibición de facto” del paro.
El segundo nivel de la ofensiva, según el documento, consistió en la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral” y en la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. La Federación afirmó que esas medidas generarían “una transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado” y provocarían un desfinanciamiento del sistema previsional. “Esto es más hambre para los jubilados”, sostuvo.
En el mismo sentido, el gremio advirtió que la reforma facilitaría los despidos y reduciría las indemnizaciones, lo que agravaría la inestabilidad laboral en sectores ya atravesados por la caída del empleo formal.
El tercer bloque de críticas se centró en los cambios propuestos en la Ley de Contrato de Trabajo y en otras normas laborales. Entre ellos, la Federación destacó la creación de un “banco de horas”, al que definió como una ruptura de la jornada laboral. Según explicó, el esquema habilitaría jornadas de hasta doce horas diarias sin el pago correspondiente de horas extras, a discreción de la patronal.
“Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar”, afirmó el comunicado. Frente a ese escenario, la organización llamó a “defender todo lo que hemos logrado” y convocó a una respuesta colectiva.
La huelga incluye la participación en las movilizaciones y actos convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. Desde la Federación llamaron a las trabajadoras y trabajadores del sector a sumarse a las protestas y remarcaron que la medida buscó frenar el avance legislativo antes de su tratamiento parlamentario.
El paro industrial se produce luego de que otros gremios, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), anunciaran medidas de fuerza contra la reforma laboral. Con esta decisión, el conflicto sindical entró en una nueva fase y sumó un actor con capacidad de impacto directo sobre la actividad productiva y las exportaciones, en un momento clave para la agenda económica del Gobierno.
Quiénes son los aceiteros y por qué su poder de presión es singular
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines integra históricamente uno de los núcleos sindicales con mayor capacidad de presión sobre la economía real. Su base de representación se concentró en plantas industriales y puertos del complejo agroexportador, un sector clave para el ingreso de divisas, lo que convierte a cada medida de fuerza en un factor de impacto inmediato sobre las exportaciones argentinas.
Paritarias altas y una lógica salarial propia
En los últimos años, el gremio aceitero logró acuerdos paritarios que superaron la inflación y rompieron con los techos salariales promovidos por distintos gobiernos. Su política salarial se apoya en el concepto de salario mínimo vital y móvil en su definición constitucional, calculado a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del Indec y no solo en la variación de precios.
Esa metodología derivó en salarios iniciales que se ubicaron entre los más altos del sector privado registrado. Para la conducción del sindicato, esos acuerdos no representaron un privilegio sectorial, sino un piso que debería extenderse al conjunto de la clase trabajadora, una postura que el gremio reiteró en cada conflicto.
Una relación tensa con la conducción de la CGT
La Federación Aceitera mantiene una relación crítica con la conducción de la CGT, a la que cuestiona por su estrategia de diálogo moderado y por la falta de respuesta frente a reformas que, según el gremio, afectaron derechos laborales. En ese marco, impulsa espacios de articulación sindical alternativos y promueve la coordinación con organizaciones que sostienen una postura más confrontativa frente al Gobierno.
La reforma laboral en el centro del conflicto
Aunque el proyecto de reforma laboral ingresó recientemente al Congreso, los gremios ya pusieron el foco en algunos ejes centrales de la iniciativa. Entre ellos figuraron los cambios en la negociación colectiva, la creación de sistemas alternativos a las indemnizaciones tradicionales, la reducción de contribuciones patronales y la ampliación de las categorías de servicios esenciales, que podrían limitar el derecho de huelga.
También apareció en el debate la introducción de herramientas como el banco de horas y modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo. Para los sindicatos, esos puntos concentran el riesgo de un retroceso en derechos adquiridos y explicaron la rapidez con la que el rechazo gremial se transformó en medidas de fuerza.
