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El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió avanzar con una batería de medidas centrales en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de un punto de inflexión en el expediente: la declaración testimonial del contratista que reveló gastos millonarios en una propiedad del funcionario.
Ese testimonio en boca de Matías Tabar—que detalló refacciones por unos u$s 245.000— activó dos líneas de acción simultáneas. Por un lado, la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF) para realizar un análisis patrimonial integral.
Por el otro, la puesta en marcha de peritajes tecnológicos sobre comunicaciones vinculadas a la causa, a través de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)
La decisión se da en el marco de una causa que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el volumen de gastos, inversiones y deudas que surgen de la documentación incorporada al expediente.
Según reconstruyen los números compilados por fuentes judiciales que hoy se encuentran bajo análisis, el funcionario acumula compromisos por más de u$s 725.000 entre diversos gastos y pasivos, con un esquema financiero fuertemente concentrado en operaciones inmobiliarias.
En ese universo, se identifican deudas por unos u$s 335.000, principalmente vinculadas a créditos utilizados para financiar la compra de propiedades, y gastos por aproximadamente u$s 365.000, que en algunos casos se superponen con el capítulo inmobiliario —destaca la adquisición de un departamento en Caballito por unos u$s 230.000 y refacciones en una vivienda en un country por cerca de u$s 245.000— y en otros se corresponden con viajes dentro y fuera de la Argentina.
El punto que ahora busca esclarecer la fiscalía es si ese nivel de erogaciones resulta consistente con los ingresos declarados por el funcionario o si, por el contrario, existen desvíos que ameriten profundizar la investigación por posible enriquecimiento ilícito. El ministro coordinador aún no fue citado a declarar en Comodoro Py.
Así y todo, la activación de la DATIF marca un cambio de escala en el expediente: implica pasar de una revisión preliminar a un análisis técnico especializado, en el ámbito del Ministerio Público, para consolidar las pruebas a partir de la trazabilidad de los fondos, la evolución patrimonial y detectar así eventuales inconsistencias contables.
Fuentes judiciales señalan que el foco estará puesto en reconstruir el flujo de dinero —ingresos, egresos y financiamiento— y en determinar si parte de las operaciones, especialmente en el rubro inmobiliario, fueron realizadas con fondos no justificados o con mecanismos que dificulten su transparencia.
Pero la investigación no se limita al plano contable. En paralelo, el fiscal avanzó sobre otra dimensión clave: las comunicaciones vinculadas al expediente.
A pedido de Pollicita, la Justicia ordenó un peritaje sobre el teléfono celular del contratista que declaró en la causa, Matías Tabar, con el objetivo de recuperar registros de contactos, incluyendo mensajes que podrían haber sido eliminados o configurados como temporales.
La medida busca reconstruir si existieron intercambios previos a la declaración judicial y, en ese caso, determinar su contenido y alcance. En particular, los investigadores intentarán establecer si hubo contactos que pudieran interpretarse como un intento de coordinar o influir en el testimonio del testigo.
Esto sucede luego que trascendiera un presunto contacto por parte de Adorni previo a la comparecencia del testigo ante el fiscal. La diputada Marcela Pagano denunció un “apriete” y reclamó la detención del jefe de Gabinete bajo la sospecha de un intento de entorpecimiento de la causa, siguiendo la llamada doctrina Irurzun. Pero la Justicia lo desestimó.
El análisis fue encomendado a la DATIP, el área especializada en pericias informáticas dentro del Ministerio Público. Allí se trabajará sobre la extracción forense de datos del dispositivo, con capacidad para recuperar mensajes borrados y reconstruir el historial completo de comunicaciones.
Con estas dos líneas —patrimonial y tecnológica— activadas en simultáneo, la causa entra en una fase más profunda, donde el objetivo es cruzar información financiera con evidencia digital para reconstruir de manera integral la conducta investigada.
Qué es la DATIF y cómo puede incidir en la causa contra Adorni
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF) es un organismo técnico que funciona dentro de la Procuración General de la Nación y cuya función central es asistir a los fiscales en causas complejas vinculadas a delitos económicos.
Se trata de un cuerpo de especialistas —contadores, economistas y analistas financieros— que actúa como un brazo auxiliar del Ministerio Público Fiscal. Su intervención no es judicial en sentido estricto, sino técnica: no decide sobre la causa, pero produce insumos clave para orientar la investigación.
Entre sus funciones principales se destacan el asesoramiento en materia de lavado de activos, evasión, fraude a la administración pública y otros delitos económicos, así como la elaboración de informes contables y financieros que pueden ser utilizados como prueba o como base para nuevas medidas procesales.
En la práctica, la DATIF opera sobre tres ejes centrales. En primer lugar, sugiere medidas de prueba: analiza la información disponible y recomienda qué documentación debe solicitar el fiscal —desde movimientos bancarios hasta registros contables— para evitar perderse en grandes volúmenes de datos.
Fuente: DYN
Marcelo Del Arco
En segundo término, elabora informes técnicos que reconstruyen flujos de fondos, detectan inconsistencias patrimoniales y permiten seguir la trazabilidad de activos. Este tipo de análisis suele ser determinante para avanzar con imputaciones o pedidos de indagatoria.
Finalmente, puede actuar como perito de parte del Ministerio Público en causas de alta complejidad, lo que le permite intervenir directamente en peritajes oficiales y controlar la producción de prueba técnica dentro del expediente.
Su radio de acción es nacional, pero su intervención está acotada a delitos económicos complejos y se activa únicamente a pedido de un fiscal. Es decir, no actúa de oficio: su participación depende de una decisión concreta dentro de una causa en trámite.
A lo largo de los últimos años, la DATIF intervino en investigaciones de alto impacto vinculadas a lavado de dinero, corrupción y estructuras financieras irregulares, como causas relacionadas con el manejo de fondos en el fútbol, financieras bajo sospecha y esquemas de narcotráfico con ramificaciones patrimoniales.
En este contexto, su participación adquiere un valor estratégico: los informes que elabore no solo servirán para ordenar la evidencia económica, sino también para definir los próximos pasos del expediente. Si detecta inconsistencias relevantes, el fiscal podría avanzar con nuevas medidas de prueba o incluso con una imputación formal.
Qué es la DATIP: el organismo a cargo de analizar los celulares
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) es el área especializada del Ministerio Público Fiscal encargada de asistir a los fiscales en todo lo vinculado a evidencia digital, peritajes informáticos y análisis forense de dispositivos electrónicos. A diferencia de la DATIF, centrada en el análisis económico, la DATIP actúa como el brazo científico-tecnológico de las investigaciones penales.
Su intervención se da en momentos clave del proceso, especialmente durante la recolección y procesamiento de prueba digital. Entre sus funciones principales se encuentra la extracción forense de información de teléfonos celulares, computadoras y tablets, lo que permite acceder a datos incluso cuando han sido eliminados o se encuentran protegidos.
También utiliza herramientas avanzadas —incluyendo inteligencia artificial— para transcribir grandes volúmenes de audios y videos, como mensajes de aplicaciones de mensajería, acelerando tareas que de otro modo demandarían meses de trabajo manual.
Otro de sus roles centrales es garantizar la cadena de custodia de la evidencia digital. Para eso, establece protocolos estrictos sobre cómo deben manipularse los dispositivos desde su secuestro hasta su análisis, evitando que la prueba sea cuestionada o anulada en sede judicial.
Además, realiza análisis complejos de telecomunicaciones, como entrecruzamiento de llamadas, geolocalización de dispositivos y estudio forense de imágenes y videos, así como tareas de campo vinculadas a la investigación.
Su radio de acción es amplio: interviene en cualquier tipo de delito que tenga un componente tecnológico, desde narcotráfico y trata de personas hasta corrupción, secuestros extorsivos o ciberdelitos. Al igual que la DATIF, su actuación es nacional y se activa únicamente por requerimiento de un fiscal.
En los últimos años, la DATIP participó en causas de alta sensibilidad institucional, incluyendo investigaciones por presuntas maniobras de persecución política, casos de lavado de dinero y expedientes donde el análisis de comunicaciones resultó determinante para avanzar en las imputaciones.
De este modo, ambas áreas confluyen en un mismo objetivo: construir una radiografía completa del caso, donde el seguimiento del dinero y el análisis de las comunicaciones se integran para determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.