El freno que mantenía en suspenso la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires llegó a su fin. Este martes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual, quien había paralizado la norma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años alegando un posible colapso edilicio.
La decisión del tribunal bonaerense va en sintonía con la firme postura de magistrados de otras jurisdicciones, como Carolina García, jueza penal juvenil de Neuquén, quien en diálogo con El Cronista, advirtió que bloquear una legislación del Congreso era jurídicamente inviable.
Para la magistrada patagónica, la falta de infraestructura y de recursos que alegó Pascual nunca justificó paralizar el sistema judicial. “Los jueces no tenemos la capacidad que alega la colega. Para no aplicar una ley vigente lo que podemos hacer es declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto. Pero no podemos cambiar la entrada en vigencia de una ley nacional, el Código Penal es uniforme y es para todo el país”, explicó.
Lejos de ignorar las deficiencias estructurales, García detalló cómo enfrentan el desafío en su jurisdicción sin frenar la ley.: “La estamos aplicando. Tenemos un lugar de alojamiento que es el Hogar Huepil, y en la medida que se necesiten más, tenemos el compromiso de las autoridades de ir creando lugares nuevos”.
Sin embargo, la jueza reconoce que el encierro es apenas el primer eslabón del engranaje. El verdadero desafío que impone el nuevo régimen es lograr la reinserción de esos menores.
Por eso, remarcó, en la provincia sureña trabajan con dispositivos específicos integrados por psicólogos, asistentes sociales y operadores que “intervienen de forma directa” con los jóvenes condenados.
Cambio drástico en el mapa criminal y la importancia de la prevención
La necesidad de bajar la edad de imputabilidad responde, según la propia experiencia de la jueza, a un cambio drástico en el mapa criminal: cada vez se cometen más delitos graves protagonizados por adolescentes.
A esto se suma un factor moderno que hasta ahora quedaba en un gris legal. García remarcó la importancia de que, con este nuevo marco, los jóvenes a partir de los 14 años puedan ser formalmente alcanzados por investigaciones vinculadas a ciberdelitos y otras infracciones digitales, actos que muchos menores solían cometer con total libertad y sin enfrentar ningún tipo de consecuencia.
Pero el peso de la ley ya no recaerá únicamente sobre los menores, sino que arrastrará de lleno a su entorno más íntimo. Al abordar este punto, la jueza precisó que los padres de los adolescentes que delincan serán civilmente responsables y podrán ser demandados por daños y perjuicios derivados de los actos de sus hijos.
Frente a este riguroso escenario punitivo, García hizo un fuerte llamado de atención sobre la urgencia de actuar antes de que deban intervenir las autoridades.
“Yo sigo pensando lo mismo, que hay que prevenir. Por eso es muy importante que este tema tenga trascendencia y que se debata en cada familia, en cada escuela, en cada club”, afirmó durante la entrevista.
Su preocupación radica en la extrema fragilidad de esa franja etaria: ”Los adolescentes están formando su personalidad, entonces es muy importante esta contención, porque son sumamente vulnerables y están sobre todo los grupos del narcotráfico que los captan”.
Es precisamente el avance de la droga lo que termina por dinamitar cualquier intento de reinserción temprana, afirma. “El flagelo de la droga creo que es lo peor que lleva a muchos jóvenes a estar en este camino y a no poder salir”, reflexionó.
Sin embargo, frente a los menores que cruzan la puerta de su despacho, el mensaje final de la jueza no deja margen para atenuantes: “Yo se lo digo a los jóvenes imputados: el camino del delito, indefectiblemente, termina en dos lugares: o en la cárcel o en la muerte”.