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Patricia Bullrich sigue jugando al fleje con los libertarios y con Javier Milei. Marca la cancha, pisa la línea, desafía, tensa, pero vuelve a quedar del lado de adentro cuando empiezan los rumores de quiebre. Ya lo había hecho con Manuel Adorni hace algunas semanas. Esta vez repitió la estrategia con el pliego de María Verónica Michelli, la abogada de La Plata nominada por el Gobierno para el Tribunal Federal N°3, cuya postulación quedó enredada después de que en la Casa Rosada advirtieran que era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
El episodio dejó una postal más amplia que el nombre de una candidata judicial. Bullrich volvió a moverse como una líbero dentro del dispositivo libertario. En el Gobierno hay enojo, desconcierto y también una certeza: por ahora, la necesitan. Quizás por ello desde la Casa Rosada se esforzaron, en las horas siguientes, por destacar la aprobación de los otros 73 pliegos y prometen que se vienen más en el corto plazo. Saben también que los próximos cupos son de mayor sensibilidad política que el último error no forzado cometido con Michelli.
El objetivo oficial es completar entre agosto y septiembre el envío de los cargos judiciales pendientes para llegar a las 300 vacantes, y que luego sea el Senado el que administre los tiempos para aprobarlos. Detrás de esa ingeniería aparece una negociación más sensible con los gobernadores por las posiciones de mayor peso en la Justicia, que se revelarán sobre todo con las últimas tandas que se giren al Congreso. Allí radica el mayor interés de los jefes provinciales.
Desde el peronismo, en cambio, aseguran que no existe una negociación real con el oficialismo, como sí la hubo en algún momento con el tándem Sebastián Amerio y Santiago Caputo. En ese sector advierten que el diseño que empuja el Gobierno bajo la supervisión de Karina Milei tiene otro propósito: blindar al Presidente y a su círculo más íntimo de cara a lo que pueda suceder en 2027.
“Estos pliegos son 100% de La Libertad Avanza. Si se llega a colar algún nombre nuestro es porque no se dieron cuenta”, desliza un referente del armado judicial de La Cámpora.
El peronismo mira sus propias señales
La pregunta que sobrevuela el tablero es si el peronismo juega unido. Más allá de la percepción evidente de ruido, por abajo transita una conciencia compartida sobre la necesidad de converger el año que viene para ser competitivos. Hay gestos en esa dirección, pero persisten rencores, desconfianzas cruzadas y diferencias de conducción.
Esta semana se lanzará formalmente un espacio de confluencia entre exPRO, exlibertarios y peronistas federales. Hay pesos pesados cercanos a Cristina Kirchner que estudian esa movida como una proyección natural para un frente mayor en distritos como la Provincia y la Ciudad. La pregunta que algunos empiezan a hacerse es si ese esquema también podría ensayarse a nivel nacional.
“Este es un año de elecciones que suelen pasar bajo el radar pero son un buen termómetro político de la voluntad y el músculo de las distintas corrientes del peronismo para jugar juntos o por su lado. Pasó en 2018, un año antes de las elecciones en las que se forjó el Frente de Todos”, advierte una voz dentro del partido.
La referencia apunta a dos hitos que, en apariencia, parecen de nicho, pero cuya impronta política no es menor. Uno transcurrirá esta semana: las elecciones del claustro de graduados en la Facultad de Derecho de la UBA, entre el 9 y el 11 de junio. Allí hay un acuerdo entre Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y Eduardo “Wado” de Pedro para unir esfuerzos como no ocurría desde aquella experiencia previa de convergencia.
La otra señal llegará en noviembre, cuando se renueve el cupo de abogados para el Consejo de la Magistratura. Allí también se pondrá a prueba la sintonía con una tercera pata, la de Sergio Massa. El kicillofismo, por ahora, se mantiene al margen, aunque algunos dentro del propio ecosistema bonaerense le achacan esa prescindencia voluntaria como un error estratégico.
El Consejo de la Magistratura no solo juzga la conducta de las y los jueces. También empuja postulaciones, evaluaciones y ternas que luego pasan al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a su candidato o candidata y firme la propuesta que llegará al Senado para cumplir con el acuerdo correspondiente. En ese mecanismo institucional se explica parte del trasfondo del caso Michelli. Tan sorpresivo como pueda sonar, la jueza Verónica Michelli contaba con la firma del propio Javier Milei cuando se presentó a su audiencia en la comisión de Acuerdos. Duró menos de diez minutos.
¿Cómo se explica el traspié que condujo al Gobierno a otro error no forzado? En los despachos oficiales hay una respuesta incómoda: no se trató de un error técnico, sino de una decisión política desde lo más alto de bajarle el pulgar a la abogada cuando ya había recibido el visto bueno de las instancias técnicas y políticas del Ministerio de Justicia. Esa cartera es la encargada de tomar cada terna elevada por el Consejo de la Magistratura y sugerirle un nombre al Presidente. No necesariamente se trata del postulante ubicado en primer lugar del ranking de tres por cargo, algo que quedó en evidencia en los pliegos enviados por Milei.
La terna por el TOF 3 es una de las que recuperó Juan Bautista Mahiques desde su llegada al poder, luego de que Alberto Fernández la diera de baja tras ganar la elección de 2019. El gobierno del Frente de Todos retiró casi 200 pliegos que esperaban acuerdo en el Senado, pero solo envió un tercio de ellos durante sus cuatro años de gestión. Con la victoria de Javier Milei, se pasó a revisión lo que estaba en gateras y Amerio empezó a negociar con el peronismo un nuevo reparto que quedó trunco tras su salida del Ministerio.
En total, el Ejecutivo giró al Senado la mitad de los 300 cargos que busca completar, aunque solo una parte tenía el proceso completo de audiencia y firmas en la comisión. En el oficialismo aspiran a avanzar con más postulaciones y el Consejo de la Magistratura ya se comprometió a elevar más ternas al Ejecutivo en el transcurso de los próximos días.
“Nos tenemos que enfocar en los positivo: aprobar 74 pliegos para vacantes que llevaban años sin ser cubiertas. Y el pago a holdouts que también habían quedado pendientes de hace 25 años, que ahora está a un paso de concretarse, solo falta el foto de Diputados”, remarcó un interlocutor de la Casa Rosada ante la consulta de El Cronista. Esa fue la línea común que buscaron bajar en las horas posteriores a una nueva sesión de resultados imprevistos para el oficialismo. Solo la muerte del “Indio” Solari logró ponerla en segundo plano el viernes.
“Hacia el adentro, hay visiones diferentes. Vamos a tener que reordenarnos políticamente”, completó la misma fuente. Las fracturas visibles en el núcleo de la Mesa Política del Gobierno abrieron una cuña con los aliados que se rebelaron en vísperas de la sesión del jueves y pusieron sobre la mesa nuevas demandas -no consensuadas- para aprobar la Ley de Propiedad Privada, una media sanción que el oficialismo daba por cerrada desde una semana antes.
Pliegos, leyes y gobernadores: los cargos judiciales más sensibles que se vienen
Pliegos y leyes van de la mano en el toma y daca entre la Casa Rosada y las provincias que pueden aportarle a La Libertad Avanza los votos que le faltan. Por eso, en el Ejecutivo demoraban el envío de los acuerdos judiciales que más interesan a los jefes provinciales: los juzgados con peso electoral. “Los gobernadores tienen más interés por estos juzgados que por la Corte Suprema”, comentó por lo bajo un testigo de primera mano de las conversaciones.
En la Casa Rosada insisten en que, por ahora, no hay decisión política de negociar la cúpula de la Justicia. Como todo en política, los vientos pueden variar de forma repentina. El Gobierno no se resigna a frenar las reformas pendientes, aunque algunos no disimulan su enojo con el juego de líbero que cada vez más marca Bullrich y que desconcierta a una parte de los libertarios. Pese a ese malestar, persiste cierto consenso en que la jefa de los senadores juega al fleje, pero de la línea de cal para dentro.
“Patricia tuvo que improvisar el jueves cuando desde Rosada le pidieron que meta más pliegos que los que había acordado. No se esperaba tener que hacer esa jugada de acuerdos con la oposición y los aliados”, justificaron desde el entorno de la exministra. Hay un dato concreto: nada de lo que hizo Bullrich en esa jornada fue ajeno a la Casa Rosada, que siguió de cerca cada minuto de la sesión con ojos propios en el recinto.
El caso Michelli, sin embargo, sigue abierto. ¿Qué sucederá finalmente con su pliego de la jueza bonaerense? En el Gobierno se escudan en que no serían los primeros en “congelar” un nombramiento. Mencionan el caso de Martín Innocente, quien ya había recibido acuerdo para ocupar un juzgado de Chaco y espera el decreto correspondiente desde octubre de 2020.
También citan el caso del fiscal Patricio Sabadini, designado para el TOF de Corrientes, que esperó cinco años la oficialización y finalmente renunció hace dos meses. En este caso, el magistrado estuvo sujeto a una denuncia por los delitos de encubrimiento agravado y omisión de deberes. Había intervenido en varias causas sensibles para el poder.
Otro dato que no pasó desapercibido en las horas siguientes —porque desde el propio Gobierno se ocuparon de hacerlo nota— es la inexistencia física del Tribunal Oral Federal N° 3 en La Plata. Se trata de una mora que arrastra una década y media y que depende de recursos inmuebles y humanos antes de la acordada de rigor de la Corte Suprema. Incluso la implementación del sistema acusatorio desde septiembre podría postergarlo todavía más, por la exigencia de instalar salas multimedia.
Pero allí aparece otra paradoja. Michelli no es la única jueza que recibió acuerdo y que incluso podría conseguir el decreto presidencial sin tener una oficina donde aterrizar. Entre los pliegos aprobados por el Senado el jueves figura también el juzgado federal de Hurlingham, creado por ley en 2015 y nunca materializado en estos once años. Es el cargo para el que fue promovida Ana María Juan, secretaria de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa LIBRA.