La UCR se encuentra en una "encerrona". El partido centenario se debate entre acompañar al gobierno de La Libertad Avanza o al menos no "ponerle palos en la rueda", no quedar pegado al kirchnerismo y, al mismo tiempo, ser coherentes con sus principios.
El radicalismo se propuso colaborar con el gobierno de Javier Milei. ¿El motivo? Buena parte del electorado de Juntos por el Cambio -su electorado- se inclinó por el candidato de La Libertad Avanza en el balotaje del 19 de noviembre.
"No queremos poner palos en la rueda, queremos colaborar", plantearon los legisladores nacionales del partido centenario que impulsaron distintos proyectos de ley para allanarle el camino al oficialismo en torno al Mega DNU que modifica más de 300 leyes. Son varios los radicales, entre ellos el presidente del partido, Martín Lousteau, los que coinciden con algunos de los puntos que integran el Decreto. Pero lo cierto es que no comparten "las formas".
"El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de Ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza política, los consensos y el diálogo parlamentario", planteó el partido en un comunicado, tras la firma del DNU que comenzó a regir hoy.
Es decir, en la UCR rechazan de plano que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades legislativas, acotando el margen de acción del Congreso. Por la vía del DNU, el Congreso se ve limitado a aprobar o rechazar el plexo normativo como un todo, sin posibilidades de hacerle modificación alguna.
Días después llegó la tan esperada"Ley Ómnibus", que fue bautizada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Para al menos algunos dirigentes del partido centenario "es superadora al DNU". Al menos por esa vía, los legisladores pueden introducirle cambios, así como también, votar artículo por artículo y no el texto como un paquete cerrado, tal cual ocurre con los Decretos de Necesidad y Urgencia.
La encerrona radical
"Tenemos genuina intención de que algunas cosas salgan", dicen fuentes parlamentarias de la UCR cuando se les consulta por qué intentan tender puentes con un oficialismo al que le achacan no tener intención alguna de negociar con los bloques opositores. "La forma molesta", afirman, pero al mismo tiempo reconocen que Milei fue votado por el 55% del electorado: "Queremos ser responsables y colaborar".
De todas maneras, en las mismas entrañas de la UCR plantean que si con el correr de los meses el oficialismo no activa la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar los DNU, "no se descarta rechazar el DNU en el recinto".
El asunto es que ningún bloque opositor de los que supieron conformar Juntos por el Cambio, incluyendo a la UCR, quiere ir "solo con el kirchnerismo". Es decir, asociarse con sus principales rivales para ponerle un freno a Javier Milei. Es por eso que, para ver un rechazo del Mega DNU, al menos en Diputados, se deberán alinear bajo ese mismo objetivo el grueso de las bancadas.
El partido centenario se encuentra en una encerrona: su electorado votó a Milei. Pero, al mismo tiempo, aseguran que "el votante (del radicalismo) no acepta cualquier cambio". Por caso, consideran que su electorado respeta las instituciones (que con el pedido de facultades delegadas quedaría desdibujada la división de poderes).
Al mismo tiempo, señalan fuentes de la bancada que conduce Rodrigo De Loredo, Milei está yendo en contra de dos de sus principales promesas de campaña: el ajuste no lo está pagando "la casta" y, en lugar de bajar impuestos, Milei propone subirlos. ¿Ejemplo? Ganancias y Retenciones.
Ley Ómnibus: Los rechazos de la UCR
Con esta lectura como plafón es que los legisladores radicales ya definieron que habrá tres temas incluidos en la Ley Ómnibus que no votarán.
El primero de ellos es precisamente el de la delegación de facultades. Acusan a Milei de apelar a la "emergencia" para, palabras más, palabras menos, "gobernar sin Congreso por cuatro años".
"La UCR siempre se opuso a los superpoderes y a delegar facultades del Congreso al Ejecutivo", recordó en su cuenta de Twitter la vicepresidenta del bloque radical, la diputada Karina Banfi, tras conocerse la letra chica de la Ley Ómnibus. Y agregó: "No se puede legislar a ciegas, cada propuesta deberá garantizar mejoras para jubilados, trabajadores y/o empresarios y defender las minorías que deben tener representación en el Congreso".
El segundo punto que rechazan es la suspensión de la fórmula que actualiza los haberes previsionales. Se remontan a los comienzos del gobierno de Alberto Fernández para fundamentar su postura. Apenas asumió como Presidente, Fernández pidió la suspensión de la fórmula diseñada durante el gobierno de Mauricio Macri.
En aquella instancia, los radicales (al igual que el PRO) se opusieron. Cuatro años después, se muestran coherentes en ese punto. Y advierten: "Nadie cree que suspender la fórmula sea para beneficiar a los jubilados". Es más, sospechan que el ajuste de Milei pasará por ese costado.
En tercer lugar, el partido centenario tampoco acompaña la propuesta de subir las retenciones del 31% al 33% para los derivados de la soja así como que comiencen a pagar un 15% aquellos productos que hoy no tributan derechos de exportación.
A esto le añaden otro dato. En el artículo 207 del proyecto se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de incrementar "a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, las alícuotas de los derechos de exportación nada menos que hasta el 9 de diciembre de 2027", día en que culmina el mandato de La Libertad Avanza.
Esta propuesta no solo va a contramano de la promesa que hicieron varios diputados radicales de "no votar ninguna suba de impuestos". Sino que, además, las retenciones no son coparticipables. Es decir, los cinco gobernadores de la UCR tampoco tienen incentivo alguno en este punto como para pedirles a sus diputados y senadores que acompañen ese punto.
¿Privatización sí o no?
En la UCR también ponen reparos en torno a la privatización de empresas "como un todo", tal cual se propone en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En el proyecto se plantea un listado de empresas "sujetas a la privatización". En esa lista conviven AySA, el Banco Nación, Ferrocarriles Argentinos, YPF, Télam y Fabricaciones Militares, por poner solo algunos ejemplos.
En primer lugar, al menos algunos referentes del partido, plantean que es un "mito" que todas las empresas sean deficitarias e ineficientes y que, por tanto, el Estado debe desprenderse de ellas.
Señalan que, en la mayoría de los casos, los precios de los servicios que ofrecen no cubren los costos y que terminan siendo subsidiadas por el mismo Estado. "Si arreglás el tema tarifario, el déficit se resuelve solo", explicaron. En este punto, estarían más cerca de la postura del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien propuso que la privatización de empresas se haga ley por ley y no como un todo.
Por último, también hay dirigentes radicales que ya salieron a cuestionar la reforma electoral que incluye la Ley Ómnibus y que, para colmo, requiere de mayoría absoluta para su aprobación.