Tan sólo una semana después de que la Justicia contencioso-administrativa rechazara una cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral, la principal central obrera ya presentó la apelación ante la Cámara y, en los próximos días, podría contar con un aliado importante en la pelea por el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de que el juez Enrique Lavié Pico se expidiera con rapidez para rechazar el pedido, los actores sindicales se presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el órgano encargado de revisar las decisiones de primera instancia.
Los abogados de la CGT habían decidido iniciar su estrategia legal con una presentación contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, un punto controvertido que, según argumentan, fue incorporado al proyecto “entre gallos y medianoche”.
El sorteo del juzgado recayó en Lavié Pico, un magistrado con fallos de diverso calibre, por ejemplo en lo atinente a la aplicación del DNU 70/2023. Desde el laboralismo se interpretó como una mala señal que la denuncia recayera en él y, pocos días después, esas sospechas se confirmaron.
Un nuevo jugador en la cancha
El traspaso del fuero laboral tendrá, en los próximos días, una nueva impugnación que vendrá desde la Asociación de Magistrados. La novedad fue confirmada a El Cronista por María Elena López, vicepresidenta de la institución.
“Nosotros fuimos —yo fui al Senado— a exponer cuando se trató el proyecto en la Comisión Bicameral. Luego acompañe al presidente de la Asociación a Diputados, el doctor Andres Basso, cuando expuso allí y, desde que se sancionó la ley, estamos trabajando en la impugnación”, explicó.
La magistrada, que entiende en cuestiones laborales, afirma que el traspaso “no fue tratado en comisión, no fue incluido en extraordinarias y tampoco estaba en el anexo cuando se votó en el Senado”.
López señaló además que “es muy grave el cierre de una fábrica, pero en este caso se trata del cierre de una institución de la Nación”.
Para la jueza, el tema no está siendo debatido de manera correcta: “Cuando fuimos al Congreso dije: hablemos sobre competencias, resolvamos. No sé, por ejemplo, un mozo o el encargado del edificio de mi casa: eso puede ser un tema de la Ciudad. Pero hay otros temas que son del Poder Judicial de la Nación, como la aplicación de la ley sindical, el pacto federal del trabajo y todo lo que es interjurisdiccional”.
Según relató, en la Asociación de Magistrados se está trabajando de manera conjunta —“por encima de las diferencias políticas”— en la estrategia judicial para impugnar la reforma, que podría o no tramitar en la Justicia contencioso-administrativa. Aún no hay una confirmación oficial en ese sentido.
López afirma que la disolución del fuero implica la pérdida de un espacio que lleva “más de 80 años con gente formada y capacitada que ha hecho toda una carrera. No sólo los magistrados: también los secretarios, los prosecretarios y toda esa gente que lleva muchísimos años trabajando en el fuero”.
En números, se trata de unas 1600 personas que reciben entre 5000 y 6000 causas por mes. “Esto implica, primero, el colapso absoluto de la justicia laboral en la Ciudad. Acá el primero que se afecta es el justiciable, porque va a haber una cadena de tiempos de espera mucho más grandes”, advirtió.
Sin embargo, la jueza sostiene que la intención real es “claramente disciplinadora” por parte del Ejecutivo hacia la Justicia, en particular hacia los jueces laborales que podrían tener que fallar en causas vinculadas a la constitucionalidad de la propia ley laboral y luego revalidar su posición ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
La industria del juicio y la nueva ley
La jueza también tiene una mirada crítica sobre lo que vulgarmente se denomina “la industria del juicio”, una bandera que desde el Gobierno dicen haber querido limitar con la reforma.
“Todo el mundo habla de la industria del juicio y nadie la define. Cuando yo repregunto qué es, unos me hablan de la tasa, otros de cosas absurdas y ridículas. Eso demuestra no conocer cómo funciona el proceso”, afirmó.
Luego recordó que “un proceso está reglado por una ley” y que el Poder Judicial “no fabrica ni arma el proceso”.
“Yo recibo una demanda y tengo un código de procedimientos que me dice, ‘¿Cuántos días tengo que hacer? ¿Cómo hago?’ Escuchamos hablar de negocios con los peritos, con los abogados, dicen cualquier cosa”, añadió
“Hablan de negocios con los peritos o con los abogados, dicen cualquier cosa. Los peritos son unos 900 que dependen de un listado que se hace en la Corte. Ellos se anotan allí y nosotros los sorteamos por un sistema automático. Es muy fácil confundir a la gente”, agregó.
Según explicó, el punto central del derecho laboral es que el trabajador tiene una protección especial. “Nosotros estamos formados en una disciplina donde el trabajador es el sujeto de preferente tutela. Es la parte más débil de la relación laboral”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que eso no implica desconocer otras situaciones: “A veces, a lo largo de un mismo juicio, uno tiene dos partes y no sabe quién está en peor situación: si el dueño de un tallercito o el trabajador. Pero yo tengo una manda que viene de la ley”.
Respecto de la reforma laboral, concluyó: “Una ley no crea empleo. Ya lo vivimos en la década de los noventa: se creó la ley de empleo con cuantiosas multas que ahora se derogaron y eso no creó trabajo. Lo que crea empleo son las instituciones fuertes en un país”.