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En la antesala de la reunión entre Cristalina Giorgeva con el gabinete libertario y ya finalizado el Mundial 2026, Máximo Kirchner presentó un proyecto para “ordenar la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. En este sentido, desde La Cámpora ven la necesidad de reformular el acuerdo con el organismo financiero como clave para un futuro gobierno kirchnerista.
Fuentes calificadas cercanas al órgano que conduce Máximo Kirchner ya habían adelantado en diálogo con este medio la necesidad de poner sobre la agenda pública la necesidad de renegociar el acuerdo.
El acuerdo con el Fondo Monetario fue ratificado por el gobierno de Alberto Fernández en 2022, este hecho puntual condujo a la ruptura del Frente de Todos en Diputados y la decisión de Kirchner de abandonar la jefatura del bloque.
En este sentido, una de las líneas del kirchnerismo es la necesidad de renegociar ese pacto y por tanto desafiar a la directora del organismo que hoy en Argentina participará de la reunión de Gabinete.
Según indicaron voces de La Cámpora a El Cronista, el proyecto busca crear una Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI.
La iniciativa, firmada por otros 16 legisladores nacionales del peronismo, impulsa el proyecto que tiene como objeto que ninguna operación de crédito se decida por decreto.
Además, fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país.
“La propuesta de Kirchner busca para la Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático”, aseguraron a través de un comunicado.
Las líneas en el peronismo están rotas, la línea Kirchner tenía hasta ahora una única línea: la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. A ello, hoy le agrega la necesidad de renegociar la deuda financiera del país.
Por otro lado, el llamado “peronismo federal” que responde a Sergio Massa habla de mantener el “equilibrio fiscal” alcanzado por Javier Milei, pero con reactivación económica.
En tercer lugar, Axel Kicillof se posiciona como candidato y busca construir con otros sin todavía adelantar el proyecto propio más allá de posicionarse como un opositor de Javier Milei.
El detalle del proyecto
El proyecto de Máximo Kirchenr se apoya en “la situación de endeudamiento que atraviesa Argentina” y que esto hace necesario “distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente)”-
“La iniciativa abre un debate que requiere de diferentes esferas de decisión para garantizar una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste sobre el pueblo argentino”, aseguraron.
Además, para La Cámpora, el FMI y el gobierno de Mauricio Macri son los responsables del endeudamiento actual y reclamaron que el organismo que conduce Giorgeva no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales una vez que aprobó el crédito.
“Se trata de ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos”, afirmaron.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
La iniciativa establece que cualquier nuevo programa, operación de crédito, ampliación, refinanciación o modificación sustancial de un acuerdo deberá ser aprobada mediante una ley específica del Congreso.
Además, prohíbe que el Poder Ejecutivo utilice decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados o autorizaciones genéricas incluidas en el Presupuesto para reemplazar el aval parlamentario.
Asimismo, como disposición transitoria, el texto obliga al Gobierno a enviar al Congreso, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma, un proyecto para ratificar o rechazar el programa vigente con el FMI.
Por ello, hasta que ambas cámaras se pronuncien, el Ejecutivo no podrá acordar nuevas ampliaciones ni cambios sustanciales.
Al mismo tiempo, fija un mandato de negociación que incluye el reclamo por la eliminación total de los sobrecargos, la reprogramación de la deuda que exceda los límites normales de acceso, plazos de entre 20 y 30 años, períodos de gracia de siete a diez años y condiciones de pago vinculadas con las exportaciones, el PBI y la acumulación de reservas.
La propuesta también busca impulsar una reforma del Convenio Constitutivo del FMI. Entre otros puntos, plantea que el organismo quede obligado a exigir controles sobre los movimientos de capital cuando exista una salida considerable de divisas; la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” para refinanciar exposiciones extraordinarias; la posibilidad de establecer cronogramas de devolución diferenciados; y la incorporación de un principio de corresponsabilidad entre acreedor y deudor cuando el Fondo haya incumplido sus propias reglas.
El Ejecutivo deberá buscar apoyos para esas reformas en el BRICS+, el G24, las Naciones Unidas, el G20 y la UNCTAD, y presentar un informe sobre una eventual participación argentina en mecanismos financieros de los BRICS.
Otro de los capítulos declara a la regulación de los movimientos internacionales de capital como una política permanente del Estado y amplía las facultades del Banco Central para limitar la posición en moneda extranjera de los bancos, fijar encajes especiales, establecer plazos mínimos para inversiones financieras y restringir la formación de activos externos en momentos de tensión cambiaria.
Antes de ser tratado por el Congreso, cada acuerdo deberá estar acompañado por un análisis de sostenibilidad de la deuda, una evaluación del impacto sobre la balanza de pagos elaborada por el BCRA, un análisis de costos y riesgos, dictámenes jurídicos, la traducción oficial del convenio y el detalle del destino de los recursos.
Por último, el proyecto introduce una regla fiscal que impide emitir nuevos títulos en moneda extranjera cuando la deuda pública externa supere el 200% del promedio de las exportaciones de bienes y servicios de los últimos tres años, salvo aprobación por dos tercios de los presentes en cada cámara o situaciones excepcionales.