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El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, reconoció que la “gran deuda” del Gobierno es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, y aseguró que los gobernadores están dispuestos a discutir la incidencia de Ingresos Brutos, al que cuestionó por su efecto cascada en cada una de las etapas de producción.
Lo dijo en el marco de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local (UCEMA), donde detalló los cuatro pilares del plan diseñado para sostener el equilibrio fiscal, una estrategia que el Ejecutivo aplicó durante los primeros dos años de gestión y que busca mantener durante el tercero. “El hacedor del milagro fiscal argentino”, lo definió Carola Pessino, rectora de la universidad y moderadora de los paneles.
El impuesto al cheque es uno de los tributos más distorsivos para la actividad económica. Su alícuota general es del 0,6% sobre cada débito y cada crédito, lo que implica una incidencia total del 1,2%.
Otro gravamen en la mira es Ingresos Brutos, que el funcionario calificó como el impuesto “más nocivo del sistema tributario”. Representa, en promedio, el 80% de la recaudación propia de las provincias.
Además, Guberman explicó que uno de los ejes de la discusión tributaria es la posibilidad de avanzar hacia un esquema con un único IVA en todos los niveles de gobierno. “Estamos trabajando y requiriendo ayuda de los principales organismos”, sostuvo.
En cuanto a una posible modificación de la Ley de Coparticipación Federal, afirmó: “Avanzaremos en el momento en que veamos que el contexto sea apropiado”.
Recorte del gasto y baja de impuestos
Ese planteo se enmarca en la estrategia fiscal que el Gobierno anunció desde el inicio de la gestión. Desde diciembre de 2023, el presidente Javier Milei advirtió que su administración pondría en marcha un profundo reordenamiento del gasto, con el objetivo no solo de alcanzar el superávit en las cuentas públicas, sino también de que ese esfuerzo se traduzca en una menor carga tributaria y en mayores incentivos para que el sector privado sea más competitivo.
En esa línea Guberman habló de un cambio estructural, con énfasis en la eficiencia del gasto, la focalización de las partidas, el refuerzo de la asistencia social y la reducción de impuestos para promover la competitividad del sector privado.
“Por el lado del gasto hicimos tres grandes cosas. Por un lado, eliminamos gastos que no tenía que hacer el Estado nacional, como el empleo público y los fondos fiduciarios. Una segunda parte tenía que ver con focalizar mejor el gasto en algunos rubros, particularmente en subsidios. También pasó con la obra pública, donde hubo una tensión entre las responsabilidades de la Nación y las provincias. Y un tercer enfoque era fortalecer el gasto en la asistencia social”, remarcó el funcionario.
Según explicó, esa era la matriz que debía asumir el Ejecutivo para concretar su proyecto de reforma fiscal. El Gobierno se propuso optimizar el funcionamiento del Estado en todos sus aspectos y, con ese fin, emprendió la ardua tarea de reducir el gasto público del 22% al 15% del PBI.
Incentivos provinciales
En cuanto a la relación con las provincias, Guberman fue consultado sobre las medidas y estrategias que el Gobierno impulsa para avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal.
Al respecto, el funcionario, uno de los hombres de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el proyecto de ley de Presupuesto 2027 incorporó un menú de beneficios fiscales para las empresas privadas que realicen inversiones destinadas a la construcción o ampliación de obras vinculadas con concesiones de rutas nacionales.
Entre los principales atractivos, la iniciativa la iniciativa oficial contempla la amortización acelerada en Ganancias, la devolución del IVA y el cómputo del 100% del impuesto al cheque, entre otros aspectos.
El alcance de estos beneficios también dependerá de las provincias, que fueron invitadas a adherir al régimen y a establecer exenciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el impuesto de Sellos.
“Es un mecanismo para ir forzando a que empiecen a entender que el equilibrio no se logra solamente subiendo impuestos”, afirmó.
Eficiencia y más recaudación
Por otro lado, Guberman comentó que la actual administración mantiene conversaciones con distintas instituciones para fortalecer la administración tributaria, de manera que las provincias puedan ser más eficientes en la fiscalización y, al mismo tiempo, incrementar la recaudación sin necesidad de aumentar la presión impositiva.
En ese sentido, señaló que el Gobierno trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en programas destinados a mejorar la recaudación provincial y la administración tributaria.
Recientemente, el organismo habilitó un préstamo inicial de hasta u$s 100 millones para poner en marcha el “Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal”, una iniciativa que estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que tiene como objetivo “mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión de ingresos públicos”.
También planteó que una de las particularidades de la informalidad es que “se mueve bajo instrumentos formales”, como transferencias bancarias o billeteras virtuales.
“Estamos trabajando con varias provincias para usar la información de las billeteras y los bancos para mejorar la fiscalización. A medida que uno vaya teniendo una base imponible más grande y reduzca la informalidad, va a poder seguir bajando impuestos”, resaltó.