Luego de varios pedidos de sesión fallidos, la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, logró anotarse una victoria política con la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II a cambio del proyecto de bicombustibles que pretenden los gobernadores del Norte. En este sentido, los aliados negociaron cambios clave en la regulación de las pymes del biodiésel para conseguir los votos y dieron media sanción al proyecto. Los cambios y las advertencias.
Con 37 de los senadores presentes, sin los pampeanos y con bajas del oficialismo por problemas personales, la sesión arrancó pasadas las 11 para aprobar los proyectos que quería el oficialismo bajo los términos de sus aliados. “Un proyecto del Ejecutivo, una de las provincias”, remarcó una voz allegada al sector de los gobernadores.
Aunque esta semana en el oficialismo dudaron de la posibilidad de abrir el recinto, por falta de acuerdos en bicombustibles y el enojo de los legisladores pampeanos con el Ejecutivo, finalmente en la noche del miércoles se cerraron los acuerdos para la sesión
El propio gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo presente en el Senado y se reunió con los legisladores de Convicción Federal para acelerar la estrategia.
El temario de la sesión incluyó acuerdos diplomáticos, pliegos judiciales, el traspaso de la Justicia Nacional a CABA, Inocencia Fiscal II y Biocombustibles. Los tres pliegos enviados por el Ejecutivo fueron aprobados en su totalidad y por unanimidad de la Cámara. También se aprobó el traspaso de la Justicia.
Finalmente, pasada las 17, el oficialismo se apuntó la victoria más importante de la jornada: con 44 positivos, 23 negativos y 6 abstenciones, se convirtió en ley la nueva versión de Inocencia Fiscal. Horas más tarde, luego de las 22, y tras varias idas y vueltas, se dio media sanción al nuevo régimen de biocombustibles con 41 votos afirmativos y 25 negativos.
“Después de meses de trabajo logramos acercar posiciones para avanzar con una nueva ley de biocombustibles que permita aumentar la producción, generar mayor competencia, atraer inversiones y darle previsibilidad a toda la cadena. Argentina tiene una enorme oportunidad para agregar valor a su producción agropecuaria y transformar nuestros recursos en energía, empleo y exportaciones”, afirmó Pablo Cervi, uno de los artífices de los acuerdos que lograron la aprobación.
Según indicaron fuentes allegadas a la presidencia del bloque, el oficialismo quería incluir también la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, no hubo acuerdo con respecto a la elección de autoridades de los directores del organismo.
En este sentido, desde el riñón de Bullrich aseguraron a El Cronista que esperan construir los acuerdos para sesionar este proyecto el próximo jueves.
Voces allegadas a los gobernadores del Norte señalaron en diálogo con este medio que el acuerdo que se construyó con los libertarios es “un proyecto de ustedes y uno nuestro”. Este último sería el motivo por el cual se postergó la reforma del BCRA, los dialoguistas buscan tratar durante esa misma sesión el proyecto de Zonas Frías, para obtener zonas cálidas, y el proyecto de mercado de carbono.
Aun así, existe una preocupación en los pasillos del Senado por las promesas incumplidas del Ejecutivo a los gobernadores. Dichos compromisos se acumulan y pusieron en jaque la negociación. El miércoles, Sáenz se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y opinó en televisión al finalizar la reunión: “Nunca hay un gesto del Gobierno”.
El gobernador de Salta cuestionó así la “falta de reciprocidad” de Nación hacia los gobernadores y expresó que “la paciencia se va agotando”.
El detalle de Inocencia Fiscal
La aprobación del proyecto se dio con 44 positivos, 23 negativos y 6 abstenciones.
“Estamos convencidos en que estamos dando un paso importante, una argentina previsible con mejor seguridad jurídica. Una argentina que permite producir, ahorrar, invertir y progresar”, afirmó Patricia Bullrich en el cierre del debate y marcó que los dólares de los argentinos están en la informalidad porque “el enemigo de los ciudadanos fue el Estado”.
Asimismo, destacó que dejaron fuera a los funcionarios públicos del proyecto y admitió que podían usar la “simplificación” pero no los beneficios de la misma.
Desde el peronismo rechazaron el proyecto del Ejecutivo, el jefe de bloque José Mayans aseguró que es una ley “de lavado”. “Es una ley de blanqueo, de lavado fiscal, y obviamente una ley en dónde el presidente culmina con el delito de evasión. Es una ley a medida de funcionarios como Adorni”, aseguró el presidente de la bancada opositora.
Según el análisis de Luciano Pérez Redaelli, Tax Manager de TMF Group Argentina, el proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias al eliminar los límites de ingresos y patrimonio.
Así, también podrán acceder contribuyentes de altos ingresos, aunque los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años podrán utilizarlo solo para presentar y pagar el impuesto, sin acceder a sus beneficios.
La iniciativa también establece parámetros objetivos para que ARCA determine una “discrepancia significativa”. Sólo se configurará cuando el organismo detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%.
Sin embargo, tal como explicó El Cronista, puede ocurrir que un contribuyente supere el 15% del impuesto determinado, pero no sea excluido del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple ($ 5.000.000) previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, además, se limita el uso de determinadas presunciones fiscales vinculadas con incrementos patrimoniales no justificados y depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados. Si una impugnación de ARCA es revocada de manera definitiva, el organismo deberá devolver los importes cobrados más los intereses dentro de los 45 días hábiles.
El proyecto exige que quienes adhieran al régimen canalicen sus operaciones a través del sistema financiero formal o de entidades reguladas por el Banco Central o la CNV. También contempla una reducción de multas del 25% y, en determinados casos, del 50% para MiPymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Por último, el texto incorpora mecanismos para regularizar controversias fiscales y prevé la exención de multas no firmes vinculadas con ajustes de Ganancias e IVA, siempre que se cancele previamente la deuda y sus intereses. También actualiza las sanciones previstas para infracciones laborales rurales mediante el índice UVA.
Los cambios que se negociaron en Biocombustibles
Los principales cambios que se incorporaron en el recinto, a partir del acuerdo alcanzado entre los senadores aliados, determinan que las empresas no integradas podrán formar parte de un grupo económico que pasará a competir dentro del segmento abierto del mercado.
Además, se liberará el 3% reservado para las empresas no integradas que no formen parte de esos grupos. El nuevo entendimiento también contempla el diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis, una modificación que apunta a compensar la desventaja de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes empresas integradas.
El esquema mantiene el corte obligatorio de biodiésel en 7,5% y prevé elevarlo al 10% un año después de la sanción. A partir de entonces, las empresas no integradas tendrán una participación protegida que irá reduciéndose: 6,5% hasta fines de 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% desde 2036.
El proyecto también establece que, desde 2036, el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedaría reservado para empresas no integradas. Con un corte del 10%, esa participación representa tres puntos porcentuales del mercado. Sin embargo, las pymes reclamaban que ese porcentaje no funcionara únicamente como un piso, sino como una participación mayor y permanente.
“No podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”, afirmó José Mayans, jefe de la bancada Justicialista, al informar el rechazo del bloque.
En este sentido, el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%. “Es un punto intermedio. No todos sacan lo que quieren, pero mejoramos la posición de la industria”, explicó la senadora Carolina Moisés en declaraciones radiales. La legisladora aseguró que trabajó junto con los senadores de San Luis, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe para cerrar el acuerdo.
“El secretario de Energía no está de acuerdo con todo esto, pero depende de (Luis) Caputo y él pretende que modifiquemos Inocencia Fiscal y la reforma del BCRA. Le diría a Caputo que no puede tener todo. Tendrán que comprender que la voluntad de las provincias es importante y soberana”, afirmó Moisés.