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Esta semana, el Senado comenzó a tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, con la expectativa de que el texto pueda ser aprobado en febrero.
El presidente Javier Milei y funcionarios de su entorno sostienen que los cambios en la regulación del mercado de trabajo permitirán reducir los costos de contratación y avanzar en la formalización del empleo, uno de los problemas más persistentes de la economía argentina.
Los datos disponibles muestran que el desafío es de magnitud. En el tercer trimestre de 2025, el 43,3% de los trabajadores se encontraba en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares.
Esto implica que más de cuatro de cada diez ocupados no están cubiertos por la legislación laboral, impositiva o de la seguridad social.
Se trata de un fenómeno estructural, que atraviesa ciclos económicos y políticas de distinto signo y que condiciona tanto los ingresos de los trabajadores como la sostenibilidad del sistema de protección social.
Según el informe Panorama del empleo informal y la pobreza laboral, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), la informalidad no solo sigue siendo elevada, sino que presenta rasgos persistentes y heterogéneos según el tipo de ocupación, el nivel educativo, el género y la edad de los trabajadores.
Una Argentina en el medio del mapa regional
Más allá del diagnóstico local, el informe incorpora una comparación regional que permite poner en perspectiva la situación argentina. En una América Latina históricamente marcada por altos niveles de empleo informal, Argentina se ubica en una posición intermedia, considerando áreas urbanas de diez países de la región.
De acuerdo con los datos del IIEP-UBA, países como Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad que oscilan entre 21% y 33%, significativamente más bajas que las argentinas.
En el otro extremo aparecen Paraguay y Perú, donde más del 60% de los trabajadores urbanos se desempeñan en la informalidad.
Argentina, con una tasa superior al 40%, queda así lejos de los países con mercados laborales más formalizados, pero también por debajo de los casos más críticos de la región.
Esta posición intermedia sugiere dos lecturas. Por un lado, que la informalidad no es un rasgo excepcional ni exclusivamente argentino, sino un fenómeno extendido en la región.
Por otro, que existen experiencias cercanas —en términos institucionales y productivos— que lograron reducirla de manera más consistente, lo que reabre la discusión sobre cuáles son los factores que explican esas diferencias.
Qué explica las brechas entre países
El informe no ofrece una única causa para explicar los distintos niveles de informalidad en América Latina, pero sí permite identificar patrones comunes.
En los países con menores tasas, la informalidad tiende a concentrarse en segmentos muy específicos del mercado laboral, mientras que el empleo asalariado formal tiene mayor peso relativo.
En Argentina, en cambio, la informalidad atraviesa de manera más amplia al empleo asalariado. En el tercer trimestre de 2025, el 36,7% de los trabajadores en relación de dependencia no estaba registrado, una proporción que prácticamente no se modificó en los últimos años y que se mantiene en niveles similares a los de hace más de una década.
Esta persistencia limita el impacto de las mejoras macroeconómicas sobre la calidad del empleo y explica, en parte, por qué el crecimiento no siempre se traduce en mayor formalización.
Otro factor clave es la estructura productiva. La informalidad se concentra en sectores como el comercio, la construcción y el servicio doméstico, actividades que también ocupan un peso relevante en el empleo total. En los países con menor informalidad regional, la presencia de sectores más intensivos en capital humano y empresas de mayor tamaño contribuye a una mayor cobertura de la seguridad social.
Ingresos, pobreza y empleo informal
La penalidad por informalidad es del orden del 39%. Si un trabajador formal obtiene un ingreso mensual de $100 mil, uno informal con iguales condiciones demográficas y educativas, obtendrá una remuneración mensual de $61 mil.
El informe del IIEP-UBA muestra además que la informalidad no se limita a la ausencia de derechos laborales, sino que tiene un impacto directo sobre los ingresos y la pobreza laboral.
En promedio, los trabajadores informales enfrentan una penalidad salarial cercana al 39% respecto de ocupados formales con características similares.
Dicho de otro modo, a igual edad, educación, rama de actividad y tamaño de empresa, el empleo informal paga sustancialmente menos.
Esta brecha de ingresos se traduce en mayores niveles de vulnerabilidad social. En el segundo trimestre de 2025, cuatro de cada diez trabajadores informales vivían en hogares pobres, frente a apenas el 13% entre los trabajadores formales.
La informalidad, así, aparece estrechamente vinculada con la persistencia de la pobreza, incluso entre personas que tienen un empleo.
Género, educación y edad: desigualdades que se superponen
El análisis también revela fuertes diferencias por género, nivel educativo y edad. La tasa de informalidad femenina supera a la masculina, y la brecha se amplifica entre las trabajadoras de menor nivel educativo.
Casi siete de cada diez mujeres que no completaron la educación secundaria trabajan en la informalidad, una proporción muy superior a la observada entre hombres con educación universitaria.
La edad es otro determinante relevante. Los jóvenes de entre 16 y 24 años exhiben tasas de informalidad cercanas al 67%, muy por encima del promedio.
En el otro extremo, los trabajadores de edades centrales muestran menores niveles de informalidad, lo que sugiere que el problema se intensifica tanto en el ingreso como en la salida del mercado laboral.
Estas brechas internas ayudan a explicar por qué, aun con reformas regulatorias, la reducción de la informalidad suele ser un proceso lento: no se trata de un fenómeno homogéneo, sino de la superposición de desigualdades estructurales.
El desafío de la formalización
En este contexto, el Gobierno sostiene que la reforma laboral en debate puede contribuir a reducir la informalidad, al simplificar normas y abaratar la contratación.
El informe del IIEP-UBA no evalúa el impacto de políticas específicas, pero sí deja en claro que la informalidad responde a múltiples factores: estructura productiva, tamaño de las empresas, capital humano y dinámica del mercado de trabajo.
La comparación regional muestra que es posible alcanzar niveles más bajos de informalidad en América Latina, pero también que esos resultados suelen estar asociados a estrategias integrales, que combinan regulación laboral, políticas productivas y mejoras en la educación y la capacitación.