Una fuerte polémica se encendió en Córdoba por la decisión de siete legisladores provinciales de diferentes bloques que busca instruir a los senadores nacionales cordobeses para que voten en contra del aborto el próximo 8 de agosto.

A través de un proyecto de resolución (que se puede leer completo al final de esta nota), los legisladores Darío Capitani, Soher El Sukaria y Viviana Massare del PRO; Juan Quinteros del Frente Cívico (el partido fundado por Luis Juez); Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal; Gustavo Carrara del radicalismo y el oficialista Daniel Passerini (de Unión por Córdoba, el partido del gobernador Juan Schiaretti), impulsan el voto negativo de los tres senadores cordobeses Ernesto Martínez (Frente PRO), Laura Rodríguez Machado (Frente PRO) y Carlos Caserio (Justicialista).

"La legislatura provincial de Córdoba resuelve instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba en los términos del artículo 104 inciso 5) de la Constitución Provincial, para que rechacen el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo", dice el texto de la norma presentado en la Unicameral cordobesa.

Entre los fundamentos, los legisladores provinciales aseguran que aprobar la ley significaría "contrariar" algunos artículos de la Constitución cordobesa, porque las normas garantizan el derecho "a la vida desde la concepción".

Si bien el proyecto solo fue presentado, los referentes interpartidarios están haciendo gestiones para que se trate sobre tablas el próximo miércoles, a tan solo una semana de la votación en el Congreso nacional. Según fuentes de Unión por Córdoba, "si se trata, se aprueba".

Desde el oficialismo cordobés buscaron bajarle el tono a la iniciativa al atribuirla "a sectores muy religiosos y muy conservadores". "Son siete legisladores y la Unicameral tiene 70", aseguraron.

La iniciativa, de aprobarse, no tiene carácter vinculante, y esto es mencionado por los propios autores en los fundamentos.

Sin embargo, uno de los argumentos esgrimidos por los legisladores provinciales podría generar rispideces con los senadores nacionales, por su carácter casi amenazante ante un eventual voto positivo. "Un senador que se aparte de la instrucción de su provincia, manifestada a través de la legislatura con mayoría agravada, necesariamente va a sufrir una pena de carácter político por parte de la opinión pública", consta en el texto.

La legisladora cordobesa Liliana Montero, crítica del proyecto, le dijo a El Cronista que la legislatura provincial no tiene por qué instruir a los senadores a votar de una determinada manera y que el artículo en el que se amparan sus colegas no puede ser utilizado en un debate como la interrupción voluntaria del embarazo. El artículo en cuestión indica que, con una mayoría agravada, el cuerpo legislativo puede instruir a los senadores cómo votar sólo en "los asuntos en que resulten involucrados los intereses de la provincia".

Las presiones a los senadores cordobeses se intensificaron en los últimos días. Mientras que los obispos de Córdoba circularon una carta en la que aseguraban que aprobar el aborto convertiría al país en una "dictadura", el Colegio de Abogados de la provincia calificó de "inconstitucional" el proyecto que tiene media sanción de Diputados y que se está tratando en el Senado.

Los senadores cordobeses, a pesar de pertenecer a espacios políticos diferentes, consensuaron una postura común en torno a un proyecto que apruebe el aborto legal aunque con algunas modificaciones a la media sanción de Diputados, como bajar de 14 a 12 el número de semanas y permitir la objeción institucional.